'Caso ERE' | Empieza el juicio a diez años de gobiernos socialistas en Andalucía

La mañana en Sevilla era muy fría cuando comenzaron a llegar a la Audiencia Provincial los procesados y sus abogados al filo de las 9.00 horas. Fuertes medidas de seguridad impiden acercarse a la puerta del edificio salvo a los periodistas acreditados. Aún así, hay poca expectación. La gente que pasa por la calle apenas se para a mirar pese al despliegue policial y de furgones de las televisiones y radios. Chaves ha llegado a las 9.37 horas, acompañado de su defensa, y ha esbozado una leve sonrisa y saludado a los medios de comunicación que le preguntaban cómo afronta el juicio.Menos de un minuto después ha llegado Griñán, quien también ha saludado a los medios y ha dicho que estaba tranquilo pero no iba a hablar. Ambos han llegado por separado en coche y han hecho andando la entrada ante los medios.

El primero de los 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados en llegar fue el exviceconsejero Agustín Barberá, sobre las 9.20 horas, tras el que llegaron en un mismo coche quien fuera mano derecha de Chaves, Gaspar Zarrías (condunciendo), y la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez.

En las redes sociales ha aparecido una carta de la esposa de Griñán, Mariate Caravaca, con un mensaje de solidaridad y ánimo. «Dejadme que venza hoy mi pudor para deciros que estoy orgullosa de él, de su honestidad y decencia, y feliz de haber compartido, juntos, los últimos 50 años», ha escrito Mariate Caravaca de Juan en su cuenta en Facebook. Su comentario, acompañado de una fotografía en la que ambos aparecen en el interior de La Alhambra de Granada, ha sido apoyado por casi trescientas personas a las pocas horas de su difusión.

Destacados dirigentes del PSOE andaluz, como Amparo Rubiales, José Enrique Moratalla o Manuel Pezzi han comentado este escrito y han destacado la honestidad del expresidente andaluz. También Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, ha manifestado la confianza del partido en la honradez de los expresidentes de la Junta. «Chaves y Griñán son ejemplo para quienes no asumen responsabilidades», ha expresado la exjuez ahora diputada del grupo socialista. Un gesto similar al expresado en Andalucía por el PSOE andaluz.

Los magistrados del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles, se enfrentan a un gran proceso de al menos medio año de sesiones con trasfondo más árido que la pulsión mediática. Deberán dilucidar sobre si los acusados conocieron, idearon, implantaron y continuaron en el tiempo un procedimiento administrativo opaco para que la Consejería de Empleo dispusiera de partidas presupuestarias destinadas a las ayudas sociolaborales eludiendo los mecanismos de control previo y dar agilidad a las mismas.

La Junta repartió más de 854 millones de euros de ayudas sociolaborales entre 2000 y 2011, pero solo serán tenidos en cuenta como supuestamente malversados los más de 700 millones de euros que se pagaron a través de la agencia pública IFA-IDEA por el procedimiento presupuestario de las transferencias de financiación entre 2001 y 2010, que es el que la Audiencia de Sevilla admite como presuntamente ilegal.