Bruselas amenaza con multar a España por incumplir un fallo contra la ley andaluza de regadíos en Doñana

En una carta firmada por la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooiker, a la que ha tenido acceso Europa Press, Bruselas expresa su «honda preocupación» por el impacto que pueda tener en Doñana el retraso del cumplimiento de esta sentencia y, además, considera «cuando menos desconcertante» que el gobierno andaluz de Moreno Bonilla esté contemplando la adopción de medidas que «agravarían la situación y pondrían en grave riesgo» el cumplimiento de lo dictado por Luxemburgo.

Por todo ello, Bruselas avisa de que está dispuesta a hacer uso de «todos los instrumentos que tiene a su disposición» y acudir por segunda vez al Tribunal de Justicia para solicitar sanciones ante el plan del Gobierno andaluz de regularizar 1.460 hectáreas de regadío del entorno de Doñana «que no cuentan con los preceptivos permisos».

El tribunal de Luxemburgo dictaminó el pasado junio que España debería haber tenido en cuenta las extracciones de agua ilegales y las destinadas al abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana, motivo por el cual declaró el incumplimiento de las directivas europeas del Agua y de Hábitats.

La sentencia de junio también señaló que no se han adoptado «medidas apropiadas para evitar las alteraciones apreciables de los tipos de hábitats protegidos» situados en las zonas 'Doñana', 'Doñana Norte y Oeste' y 'Dehesa del Estero y Montes de Moguer'.

En su carta, Bruselas advierte del «efecto llamada» que podría generar la regularización de estás zonas de regadío en torno a Doñana, lo que podría tener repercusiones negativas sobre las aguas subterráneas y pone en valor la importancia de la conservación de Doñana y sus hábitats naturales.

En un paso más, la Comisión Europea pone de relieve que «aún no hemos concluido que se estén aplicando todas las medidas necesarias» para cumplir con la sentencia«. Además, la dirección general de Medio Ambiente recuerda que la aplicación correcta y en el plazo del Derecho de la UE es »esencial«.

Ahora España dispone de un mes para dar explicaciones sobre la propuesta legislativa y la falta de cumplimiento de la sentencia del TUE. España remitirá la carta al Gobierno andaluz, que tiene las competencias para contestar a la misiva, según fuente del Ejecutivo Español.

Tras conocerse el ultimátum del Ejecutivo comunitario, la organización ecologista WWF ha avanzado que estudia solicitar a la Comisión Europea un examen de los fondos europeos aplicados en los últimos años en la comarca de Doñana y Huelva para «garantizar que no han sido aplicados en explotaciones sin garantías de uso legal del suelo y del agua».