La aprobación final del decreto de simplificación llega al Parlamento con toda la oposición de uñas

El decreto ya se encuentra en vigor tras haber sido tramitado por la vía de urgencia por el Gobierno andaluz y refrendado por el Parlamento, pero ahora la Cámara deberá aprobar un segundo decreto que recoge correcciones, la mayoría por errores de redacción, y los términos del acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España después de que éste considerara que algunos apartados del texto original incurrían en invasión de competencias de la Administración General del Estado y otros, en contradicciones con normas estatales en vigor.

Ambas administraciones zanjaron estas diferencias en la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación, pero la inclusión del nuevo decreto en el orden del día del próximo pleno del Parlamento fue recibida con fuertes críticas por todos los grupos de la oposición, que acusaron al Gobierno andaluz de improvisar y de no suministrar la mínima información imprescindible.

Estas discrepancias se pusieron de manifiesto en la Junta de Portavoces celebrada este miércoles para aprobar el orden del día del próximo pleno, que se celebrará la semana que viene, El motivo fue que el mismo punto del orden del día de la convalidación del nuevo decreto se incluye la apostilla «y se modifican otras disposiciones normativas». Así, mientras el PSOE y el resto de los grupos de izquierda aseguraban que no se podía incluir un punto que no había sido aún publicado, por lo que votaron en contra, desde Vox se calificaba de «chapuza» al decreto, aunque su representante se pronunció a favor del orden del día.

Desde la Consejería de Presidencia argumentaron que todas las modificaciones han sido formuladas para dotar a las normas de mayor claridad y seguridad jurídica y dar respuesta a las peticiones que se han ido recibiendo, siempre trabajando bajo la premisa de la escucha, diálogo y la actitud de humildad para mejorar la legislación andaluza.

Respecto al decreto de simplificación y racionalización administrativa aprobado el pasado mes de febrero, sostienen que se modifican «distintos epígrafes para su mejor comprensión y seguridad».

Una de las modificaciones corresponde al ámbito de la función pública, en la que el Gobierno andaluz acordó con el Estado la modificación de la ley para establecer «la necesidad de tener autorización previa de la Consejería de Función Pública para el nombramiento de personal interino tanto para programas de carácter temporal y de exceso o acumulación de tareas».