Andalucía incorpora 318 efectivos en unidades de salud mental desde 2021

Según una nota de prensa, los datos reflejan el «grave problema» y la necesidad de poner en marcha actuaciones dirigidas a este «colectivo vulnerable». Y es que, en 2021, 14 menores se quitaron la vida en España, duplicando la tasa del año anterior. Además, en torno a 400 menores fueron atendidos en las urgencias hospitalarias de Andalucía en 2022 por intento de suicidio.

En este sentido, cabe recordar que la mitad de los trastornos mentales se manifiestan antes de los 14 años y, también, que el suicidio es ya la segunda causa principal de muerte entre los adolescentes. Por lo tanto, Andalucía se encuentra ante un «grave problema» de salud pública.

Al respecto, Salud y Consumo considera al Sistema Sanitario Público de Andalucía eje nuclear sobre el que se articule el catálogo de acciones, ocupando un lugar preferente en el desarrollo de los distintos planes, protocolos y medidas en materia de salud mental.

Sobre ello, son dos los documentos que recogen las políticas y actuaciones fundamentales. Uno de ellos es el 'Plan de Acción en el Sistema Sanitario Público de Andalucía para la Prevención, Atención y Posvención del Suicidio', puesto en marcha en 2021, que propone 50 acciones específicas para reforzar la asistencia clínica tanto a los grupos vulnerables como a la población en general, y que ya se han puesto en marcha.

En segundo lugar, se encuentra el reciente 'Programa de Prevención de la Conducta Suicida en Andalucía', en las que se han priorizado diez de sus 35 actividades para su puesta en marcha en este 2023. El objetivo de este programa es claro: reducir la incidencia, la prevalencia y el impacto de la conducta suicida en Andalucía.

En concreto, el capítulo quinto de este Programa desarrolla expresamente actividades de prevención para la población infanto-adolescente, concretadas en cuatro áreas de actuación: la creación de un grupo director sobre conducta suicida en esta población; el diseño del primer protocolo de atención a la conducta suicida en las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental; el desarrollo de un programa de trabajo colaborativo entre salud mental, atención primaria y centros educativos; y el programa de sensibilización a padres sobre salud mental, gestión de crisis y conductas autocríticas.

Uno de los objetivos del Gobierno de Andalucía es el impulso a la salud mental. En esta línea, dos aspectos evidencian la preocupación de la Administración andaluza por la salud mental: la calidad asistencial y la prevención y la detección precoz.

Con este propósito, se ha dotado de más recursos humanos al área de salud mental entre 2021 y 2023. Por un lado, con 318 efectivos más, entre los que destacan los 26 psicólogos y psiquiatras como facultativos referentes en prevención del suicidio en cada una de las Unidades de Gestión Clínica de Salud Mental y otros 26 facultativos referentes en las unidades especializadas en la atención infanto-juvenil.

Además, todas las provincias dispondrán de unidades de hospitalización de Salud Mental Infanto-Adolescente en los próximos meses. Cabe recordar que hasta 2018 sólo había dos Unidades de Hospitalización Breve con 13 camas en Almería y Jaén. Sin embargo, ahora se suma el Doctor Muñoz Cariñanos, con la primera unidad de hospitalización de salud mental para la franja de edad entre 14 a 18 años y, próximamente, una nueva Unidad en el Virgen de las Nieves de Granada, con seis camas.

Un aspecto totalmente determinante en los adolescentes es la detección precoz de las conductas suicidas, especialmente en el ámbito escolar. En este sentido, la Consejería de Salud y Consumo se afana en tres elementos clave: el desarrollo de programas de información sobre la prevención del suicidio a los equipos de orientación educativa; la creación de la figura del Coordinador de Bienestar Emocional en los centros educativos; y, la labor desarrollada por las 413 enfermeras referentes de centros educativos.

Por otro lado, desde finales de 2022, y junto a los profesionales de Desarrollo Educativo, se trabaja en un protocolo que facilite los instrumentos adecuados para la detección y el desarrollo del bienestar emocional en el entorno educativo.