Andalucía estudia recurrir el decreto de acogida de menores inmigrantes
La Junta critica que se trata de un reparto «sectario e impuesto» que «reventará» el sistema de protección andaluz «ya saturado»
La Junta de Andalucía va a estudiar la presentación de un recurso contra el Decreto-ley aprobado por el Gobierno nacional que recoge la ... capacidad ordinaria de acogida de las comunidades autónomas para el reparto de menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla y con cuyo reparto discrepa el ejecutivo autonómico.
Así lo anunció ayer la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, que avanzó que se examinará la viabilidad jurídica de esta iniciativa porque el sistema de protección de menores andaluz «está ya saturado y colapsado y reventará», advirtió.
Loles López recriminó al Gobierno de Pedro Sánchez la «imposición de este decreto tal y como nos tiene acostumbrados, sin diálogo y con una absoluta falta de transparencia». A su juicio, «el Gobierno de España prioriza sus intereses sobre el interés de los menores, a los que no les importa apilar en edificios para proteger el sillón de Pedro Sánchez».
La responsable de menores de Andalucía destacó que «esta es una tierra solidaria y queremos seguir siéndolo, pero siempre preservando la atención y protección de los niños y nuestro sistema de protección está ya saturado porque cada semana siguen llegando a nuestras costas menores migrantes no acompañados que necesitan ser atendidos».
Loles López recordó «los 634 menores migrantes no acompañados que el Gobierno de España metió en Andalucía por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad, de los que no quiere saber absolutamente nada y que el Gobierno andaluz está atendiendo a pleno pulmón».
La consejera exigió al Ejecutivo central que reconozca Andalucía como 'Frontera Sur', «una petición que Pedro Sánchez nos niega continuamente a pesar de estar a tan sólo 14 kilómetros del continente africano, mientras se lo concede al País Vasco». Asimismo, criticó «la hipocresía» del Gobierno por «no estar asumiendo sus competencias con los más de 1.000 menores migrantes solicitantes de protección internacional que le reclama el Tribunal Supremo, escudándose en la falta de recursos, mientras impone a las comunidades autónomas el reparto de menores migrantes sin coordinación ni diálogo».
El Gobierno andaluz insiste en que la comunidad sea declarada como Frontera Sur de Europa
El PSOE-A pide a la Junta que deje de «torpedear» la propuesta de reparto del Gobierno, que considera «rigurosa»
En el mismo sentido que la consejera de Inclusión Social se pronunció ayer también el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, que consideró que el reparto «absolutamente sectario, poco realista y muy político al ser impuesto por el Gobierno a las comunidades autónomas.
Sanz dijo en Canal Sur Radio que «el sistema de protección de menores de Andalucía actualmente está casi al 100% de su capacidad», a lo que añadió que «si alguien se puede explicar que Cataluña y País Vasco no vayan a tener que afrontar la acogida de menores migrantes porque tienen pactos políticos para mantener en el sillón», argumentó.
Además, el titular andaluz de Presidencia sostuvo que «es lamentable que el Gobierno de España trata a los menores como mercancía política y tienen que ser tratadas como personas».
El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, solicitó al Gobierno que se pronuncie y explique «por qué unos territorios más, en otros menos y por qué en otros sí y en otros no» con respecto a este reparto de menores.
Según Bendodo, «tiene que explicar por qué la mayoría de los menores tienen que ir a Madrid, Andalucía y Valencia y a las comunidades donde gobiernan sus socios de investidura no va ninguno, esto no puede ser porque no es serio».
Por último, el portavoz del PSOE de Andalucía, Francisco Cuenca, defendió el planteamiento «riguroso» realizado por el Gobierno de España para distribuir a los menores migrantes no acompañados que han llegado a Canarias, Ceuta y Melilla, y pidió a los gobiernos autonómicos del PP que actúen con «solidaridad», solicitando especialmente al Ejecutivo de Juanma Moreno que «deje de torpedear» esta propuesta.
El Gobierno asegura que aplica la acogida territorial «por igual y con criterios objetivos»
El Gobierno defendió ayer los «criterios objetivos» que está siguiendo en el diseño de «soluciones para dar una atención digna y humanitaria» a los menores migrantes que llegan no acompañados a España y resaltó que dicho mecanismo «se aplica por igual en todo el territorio nacional». Así lo puso de relieve ayer el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que rechazó las críticas de la Junta al Decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros, sobre la capacidad de acogida de esto menores por parte las comunidades autónomas, asegurando que el Ejecutivo central «está aportando soluciones para dar una atención digna y humanitaria para niños y adolescentes que viajan solos, son vulnerables y están desprotegidos». A este respecto, señaló que «el problema no es la falta de medios ya que el Ejecutivo ha dispuesto un fondo de 100 millones de euros para sufragar todos los traslados y apoyar la acogida de los menores». Pedro Fernández insistió en resaltar que «este mecanismo se aplica por igual en todo el territorio nacional, sea Canarias, Cataluña o Andalucía, una comunidad como la nuestra que hace unos años se vio en una situación similar a la de Canarias». Según el representante del Ejecutivo nacional, «todo este proceso se ha gestionado con claridad y transparencia, con criterios objetivos que conocen las comunidades autónomas y, por tanto, es falso que la fórmula aplicada sea diferente por comunidades autónomas y quien lo diga así está faltando a la verdad y demostrando su irresponsabilidad como cargo público». Pedro Fernández recriminó además a las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas Andalucía, de «no haber propuesto ni una sola alternativa a este problema ya que su única propuesta ha sido el bloqueo y su negativa a aplicar la ley».
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