Andalucía denuncia que es la región peor financiada en políticas de empleo: recibe 675 euros por parado, la mitad que Cataluña

Blanco ha insistido en la «infrafinanciación» que viene sufriendo Andalucía por culpa de lo que considera un reparto injusto del Gobierno central. Según ha denunciado, la región recibirá 417,9 millones de euros de fondos estatales, una cifra similar a la del pasado ejercicio y que representa tan sólo el 16,2% de los más de 2.571 millones de euros repartidos al conjunto de las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco, Ceuta y Melilla. Ese porcentaje es inferior al peso real de la población andaluza sobre el total de España, que es de casi el 18%. Y si lo que se mide son el número de parados, la proporción está todavía más desequilibrada.

Según la Consejería de Empleo, Andalucía vuelve a ser un año más la región que dispondrá de menos fondos estatales en relación con el número total de desempleados. Si se toma como referencia el último dato de paro registrado, de abril, la comunidad dispondrá de sólo 675,1 euros para atender a cada una de las 619.103 personas que componen su población desempleada, muy por debajo de los 1.023,5 euros de media nacional.

Esa misma fórmula sitúa los recursos de comunidades como Islas Baleares en los 2.348,9 euros por desempleado, más que triplicando la partida aprobada para Andalucía. En el caso de Cataluña, recibe una cantidad similar (414,2 millones de euros), pero con una población desempleada que es casi la mitad de la andaluza (325.717 personas), lo que sitúa los recursos disponibles por cada parado en esa región en 1.271,6 euros, prácticamente el doble de lo que recibe la comunidad.

Blanco ha subrayado que las políticas activas de empleo son una herramienta fundamental para luchar contra el desempleo y contribuyen, además, al desarrollo económico de cada territorio. En ese sentido, ha reivindicado que se revisen los criterios de reparto para que los recursos disponibles tengan una eficacia real y ajustada a las necesidades de cada región.

Como ejemplo de ese desequilibrio, la consejera ha recordado que el Gobierno de España ha desatendido de forma reiterada en los últimos años la petición del Gobierno andaluz de incrementar la dotación de los sucesivos planes de empleo extraordinarios contemplados en los Presupuestos Generales del Estado. Los aprobados entre 2021 y 2024 asignaron a Andalucía 50 millones de euros, una cantidad que en función del paro registrado el pasado mes de abril equivaldría a tan sólo 80,8 euros por desempleado en la región.

Sin embargo, los 15 millones de euros recibidos por Extremadura elevan esa proporción hasta los 212,3 euros por parado, mientras que en el caso de Canarias, dispondría también de una cantidad muy superior, en concreto 291 euros por desempleado gracias a los 45 millones de euros contemplados en su propio plan de empleo.

El Gobierno de Andalucía también plantea otras reivindicaciones, entre ellas conocer no sólo los datos propios sino la pormenorización de los mismos que da lugar al reparto de fondos, así como información sobre el grado de cumplimiento por parte de todas las comunidades autónomas de los objetivos establecidos previamente en el ejercicio anterior, un criterio del que depende parte del reparto final de fondos. No disponer de esa información completa impide conocer con exactitud en qué parámetros exactos se basa el Gobierno de España para asignar las cantidades finales.

También se ha solicitado conocer en la última Conferencia Sectorial de cada año los objetivos establecidos para el ejercicio siguiente, en aras de poder disponer desde el mismo mes de enero de una planificación acorde a los mismos. Otra de las demandas se refiere a la congelación de las partidas finales como consecuencia de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado para el presente ejercicio 2025, lo que en la práctica implica partir de las cantidades contempladas en las cuentas del Estado de 2023.

Andalucía también ha recordado que el Gobierno de España se comprometió a aprobar un reparto adicional cercano a los 110 millones de euros para compensar las subidas salariales vinculadas a los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional en los Centros Especiales de Empleo, una medida de la que las comunidades autónomas no han vuelto a tener noticia.