La Junta de Andalucía saca adelante el decreto-ley de simplificación administrativa gracias al voto de Vox

Lo hizo gracias al apoyo de Vox que, pese a haber endurecido su discurso contra el Gobierno de la Junta en los últimos meses, ha vuelto a darle su apoyo en una votación clave como ya lo hizo semanas atrás con la ley del suelo (LISTA), otra norma considerada esencial por los partidos que sustentan al Gobierno. El rechazo a los Presupuestos, más que la regla de una nueva realidad parlamentaria, es de momento una excepción a la norma de los tres últimos años.

La jornada parlamentaria, que se inició a las 12 del mediodía y concluyó pasadas las nueve de la noche. En todo ese tiempo, se produjo un vuelco inesperado. Por la mañana, en la sesión de control, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, arremetió con dureza contra el Gobierno de la Junta. Ya por la noche, su grupo parlamentario respaldó con su voto las posiciones del Gobierno, entre ellas el decreto-ley de simplificación administrativa. En medio hubo una larga jornada de negociaciones en la que Vox obtuvo concesiones en la Ley de Tasas referidas a la caza y asuntos estrechamente ligados a su agenda ideológica como la violencia de género.

A la hora de explicar su apoyo al decreto de simplificación administrativa, la diputada de Vox Ángela Mulas aludió a la responsabilidad y en que los acuerdos alcanzados al comienzo de la legislatura ya preveían aprobar medidas en la dirección de la simplificación normativa.

No obstante, ha arremetido contra lo que considera improvisación por parte del Gobierno, al haber entregado la documentación apenas una semana antes del debate, y reclamó que se les envíen «todo tipo de informes y documentación» de las consejerías afectadas por el decreto. El decreto-ley fue aprobado por 56 votos a favor y 50 en contra.

El cambio normativo, que fue defendido por el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, simplifica 150 procedimientos y afecta a 33 materias -entre las que se incluye el medio ambiente, el turismo, la educación, la agricultura, la pesca, el patrimonio histórico, la vivienda, los puertos, la energía, los fondos europeos, la salud, los colegios profesionales, las fundaciones, los transportes o el urbanismo- y supone la modificación de 80 normas entre leyes, decretos leyes, decretos u órdenes, incluyendo diversas derogaciones normativas.

Bendodo aseguró que se trata de una medida que beneficia a todos los sectores económicos, por lo que nadie entendería que medidas como estas no salgan adelante. «Es el decreto del sentido común», señaló el consejero, que aseguró que la norma no tiene ninguna carga ideológica.

Para el PSOE de Andalucía, el decreto-ley no es más que «propaganda barata de la fábrica Bendodo», según el parlamentario Mario Jiménez, que reclamó sin éxito que la norma fuera tramitada como ley. En este punto acusó al Gobierno de mentir por afirmar que ello supondría retrasar su puesta en marcha, ya que podría entrar en vigor desde el primer minuto para ser convalidada posteriormente por el Parlamento. En su opinión, la posibilidad de tramitarla como ley «sólo arrojaría transparencia y respeto» a la Cámara. Esta propuesta fue rechazada por 49 votos a 57.

Jiménez señaló que el 80 por ciento de los cambios propuestos son cosméticos y que se trata de un decreto de desregulación que pone en peligro la sostenibilidad medioambiental de Andalucía. Afirmó también que son las grandes empresas las que están detrás del decreto. «En Andalucía no mandan ustedes, sino los que descuelgan el teléfono y les piden poner los intereses generales al servicio de intereses privados», concluyó.

También la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, se refirió a lo que consideró falta de respeto a la Cámara por la «tramitación chapucera» del decreto, con correcciones introducidas hasta último momento y la utilización de la fórmula de decreto-ley para asuntos de extrema urgencia y necesidad que no reúnen esas condiciones. También censuró que se omitan simplificaciones administrativas que permitan agilizar y mejorar los servicios públicos.