La jueza Alaya cuela en la campaña electoral el juicio por la utilización de tarjetas de la Junta en clubes de alterne

Alaya fue instructora de la macrocausa por irregularidades en los ERE por la que se acabó condenando a los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros antiguos cargos socialistas de la Junta, algunos de ellos con penas de prisión. El año pasado, la Audiencia de Sevilla la designó magistrada presidenta del tribunal encargado de juzgar este caso. La jueza ha firmado un auto por el que se fija el 18 de mayo para la constitución del jurado popular y el día siguiente para el inicio del juicio, que continuará durante toda la semana previa a las elecciones municipales. En el PSOE-A han optado por no valorar esta decisión.

Para esas fechas también estará en pleno funcionamiento en el Parlamento de Andalucía la nueva comisión de investigación sobre el asunto de la Faffe cuya creación ha sido votada por el PP y Vox con la oposición del PSOE y el resto de la izquierda. La comisión, que estará presidida por la popular Maribel Lozano, tendrá como principal objetivo rescatar el dictamen de la comisión que sobre el mismo tema funcionó durante la legislatura anterior y que no fue votado en pleno debido a la disolución prematura del Parlamento por la convocatoria anticipada de elecciones. Tanto los socialistas como Por Andalucía decidieron no registrar a ningún parlamentario para que forme parte de esta comisión, ya que consideran que la investigación ya se realizó durante la pasada legislatura.

El auto de apertura de juicio oral contra Villén, para quien el fiscal pide seis años de prisión, y Valls, para quien solicita cuatro, fue emitido en abril de 2022 y en el mismo el juez instructor relata que Fernando Villén, «prevaliéndose de su cargo como director técnico» de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación».

El magistrado expone que, «a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad».