Más 30.000 funcionarios interinos piden a la Junta de Andalucía que suspenda las oposiciones de estabilización

El colectivo que representa a estos interinos ha presentado este lunes en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede del Ejecutivo autonómico, un escrito en el que solicitan que estas oposiciones sean aplazadas hasta que se tramite y debata en el Parlamento andaluz una iniciativa destinada a facilitar su estabilidad en la Administración autonómica.

El portavoz de estos interinos, David Núñez, ha criticado que «se les eche a la calle sacando nuestras plazas a oposición libre mientras la Junta hace miles de contratos exprés en el que solo se mira el orden de llegada», como los realizados durante la crisis de la pandemia del coronavirus.

Los interinos sostienen que «con la convocatoria de las oposiciones de estabilización se está vulnerando el derecho a solucionar su situación de fraude de ley antes de echarlos a la calle cuando la vía para hacerlo existe y está tramitándose en el Parlamento autonómico«.

Este colectivo ha presentado ante Parlamento una iniciativa legislativa popular que espera que se tramite en el actual periodo de sesiones y que sea aprobada antes de diciembre para plantear a la Junta una salida a su situación. La iniciativa popular, la primera impulsada por parte de la ciudadanía que llega al Parlamento en 31 años, propone el acceso para este colectivo que ya presta sus servicios de Administración sea por concurso de méritos y sin examen, ya que los funcionarios interinos ya aprobaron en su día las oposiciones aunque no obtuvieron plaza.

Entre este colectivo hay funcionarios de forma interina con hasta 27 años de antigüedad con unas oposiciones aprobadas sin plaza que se pueden quedar en el paro mientras entran interinos sin ningún tipo de oposición ni proceso selectivo con los contrato exprés, denuncian.

Este colectivo considera que el Gobierno andaluz puede suspender las oposiciones ateniéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 19 de marzo de 2020, que desaprueba las oposiciones libres para cubrir las plazas ocupadas por los funcionarios interinos en fraude de ley por abuso de la temporalidad.