El juez abre juicio oral contra Chaves y Griñán por asociación ilícita en el 'caso ERE'

Griñán se enfrenta, por parte del ministerio público, a una petición de penas de 6 años de cárcel y 30 años de inhabilitación por prevaricación y malversación. La Fiscalía pide gual condena con cárcel de hasta ocho años para otros 17 imputados. Reclama para Chaves y el resto de procesados inhabilitación de diez años por prevaricación continuada. El PP aumenta las penas incluyendo en su escrito la acusación de asociación ilícita, al considerar que sí hubo una trama para delinquir en la cúpula de los gobiernos socialistas que otorgaron ayudas sociolaborales entre los años 2000 y 2011. Por ello añade dos años de cárcel, una multa de 36.000 euros y una inhabilitación absoluta de 12 años para los 26 procesados. De mantenerse esta acusación por la Audiencia de Sevilla, Chaves podría sentarse en el banquillo con una petición penal de prisión.

Recordemos que el juez reconoce en su auto de mayo que "se implantó y mantuvo desde el gobierno de la Junta y en el área de la Consejería de Empleo un procedimiento que, a través de distintas modalidades, ha venido en denominarse 'procedimiento específico', cuyo objeto era eludir la aplicación de los procedimientos ordinarios y, en especial, los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta, para la disposición de las partidas presupuestarias destinadas a ayudas sociolaborales y a empresas, en una cuantía no determinada pero no inferior a 854.838.243 euros".

Con el auto de apertura de juicio oral, Álvaro Martín rechaza, como se preveía, el escrito de la Junta de Andalucía, acusación particular, reclamando el archivo de la pieza política al estimar que si hubo algún delito fue en el acto de la concesión de las ayudas, que sitúa en la Consejería de Empleo y en sus responasbles aquellos años, pero rechaza que la consignación presupuestaria de la partida anual y el sistema administrativo fuera ilegal. El órgano competente para el conocimiento y fallo de esta causa es la Audiencia de Sevilla. Esta instancia debe resolver los recursos de las defensas contra el auto de procesamiento de junio, aunque fuentes jurídicas dan pocas esperanzas que impida que los ex presidentes vayan al banquillo en el juicio, cuya celebración se prevé para 2017.

Según el auto fechado este jueves, la apertura de juicio oral se acuerda contra las siguientes 26 personas por un delito continuado de prevaricación y otro de asociación ilícita: Manuel Chaves González y José Antonio Griñán Martínez, ex presidentes de la Junta de Andalucía; Gaspar Zarrías Arévalo, exconsejero de Presidencia; José Antonio Viera Chacón,exconsejero de Empleo; Antonio Fernández García,exviceconsejero y exconsejero de Empleo; Magdalena Álvarez Arza,exconsejera de Economía y Hacienda; Carmen Martínez Aguayo,exviceconsejera y consejera de Hacienda; Francisco Vallejo Serrano,exconsejero de Innovación; Agustín Barberá Salvador, exviceconsejero de Empleo; Justo Mañas Alcón,exviceconsejero de Empleo; Gonzalo Suárez Martín,exviceconsejero de Innovación; Jesús Mª. Rodríguez Román,exviceconsejero de Innovación; José Salgueiro Carmona,exviceconsejero y consejero de Hacienda; Francisco Javier Guerrero Benítez,director general de Trabajo; Juan Márquez Contreras,director general de Trabajo; Daniel Alberto Rivera Gómez, director general de Trabajo; Juan Francisco Sánchez García, secretario general de Empleo y director Finanzas IFA/IDEA; Javier Aguado Hinojal,secretario general de Trabajo y de Empleo; Lourdes Medina Varo, secretaria general tecnica de Empleo; Antonio Estepa Giménez,secretario general de Hacienda; Antonio Vicente Lozano Peña, director general de Presupuestos; Manuel Gómez Martínez, interventor general de la Junta; Miguel Ángel Serrano Aguilar,director general de IFA/IDEA; Jacinto Cañete Rolloso,director IFA/IDEA; Antonio Valverde Ramos, director IFA/IDEA, y Francisco del Río Muñoz, jefe del gabinete jurídico de la Junta.

Además, 18 de ellos, serán juzgados también por indicios de un delito continuado de malversación: José Antonio Griñán Martínez, José Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo Serrano, Agustín Barberá Salvador, Justo Mañas Aleó, Jesús Mª Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras, Daniel Alberto Rivera Gómez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Manuel Gómez Martínez, Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jacinto Cañete Rolloso y Antonio Valverde Ramos.

Asimismo al resultar indicios de un delito continuado de malversación, el juez acuerda que presten fianza -para asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes- los 18 procesados mencionados. En las diligencias consta que no se han creado las piezas de responsabilidad civil sobre cuatro de estos procesados, por lo que el juez establece las siguientes fianzas para ellos: 6.229.108 euros para José Antonio Viera Chacón; 4.214.702 euros para José Antonio Griñán Martínez; 4.214.702 euros para Carmen Martínez Aguayo y 3.763.332 euros para Francisco Vallejo Serrano. El juez da un plazo de 30 días para el depósito de la fianza y procederá al embargo en caso de no hacerse.

Según se indica en el auto, para la determinación de estas cuantías se ha atendido al criterio de los ejercicios durante los cuales se participó, presuntamente, por los acusados en la malversación, ponderando el número de implicados que hubo en cada uno de esos ejercicios, de lo que cabe seguir un reparto de la responsabilidad en atención a ese número de responsables, aunque finalmente pueda acabar siendo exigida de un modo solidario. Así mismo, se ha ponderado la existencia de otros procedimientos en los que también se exige el reintegro de estas sumas, por lo que se aplica una reducción hasta el 10% de la cantidad cuantificada por el Ministerio Fiscal en cada ejercicio, lográndose así la suma total que se exige afianzar a cada acusado.

Sobre los otros 14 acusados por indicios de delito continuado de malversación, el juez establece que se traigan a este procedimiento las piezas de responsabilidad civil creadas en las Diligencias Previas 174/11 (causa de los ERE).

Además, en el auto el juez establece el plazo de 30 días para que las defensas presenten escritos frente a las acusaciones formuladas. Contra este auto no cabe recurso, excepto en lo relativo a la situación personal de los acusados.