El PSOE celebra que el Tribunal de Cuentas diga que no hay 'caso' en los cursos de formación

Tanto la Cámara de Cuentas como la Fiscalía fueron demoledores cuando en 2014 advirtieron de que hubo numerosas irregularidades en la concesión de las ayudas para los cursos destinados a parados o a la formación de empleados. La Cámara de Cuentas llegó a decir que el 89% de estas ayudas en 2009 fueron concedidas sin «control alguno». La polvareda en torno a los cursos se convirtió de pronto ese año y el siguiente en un vendaval con fuerza suficiente de seguir arrastrando cargos socialistas de la Junta a las listas de imputados, ya bastante engordadas esas fechas por el caso ERE y el menos conocido de Invercaria.

Las unidades especializadas en delitos económicos de la Policía y la Guardia Civil, UDEF y UCO, no daban abasto en investigaciones y detenciones por posibles delitos penales de prevaricación y malversación. El Ministerio de Interior llegó a cifrar incluso un fraude de 3.000 millones de euros, cifra luego corregida. Se trataba en realidad de la cantidad de dinero concedida por la Junta en cursos de formación desde 2000 a 2012.

Juzgados de todas las provincias abrieron diligencias, siendo el más conocido el de la jueza Mercedes Alaya del número 6 de Sevilla, que entonces también instruía el caso de los ERE. Alaya situó las exceptuaciones(conceder cursos sin comprobar los anteriores) como un instrumento administrativo ilegal por el que investigar a los responsables públicos del manejo prevaricador de las ayudas. Incluso llegó a insinuar financiación ilegal del PSOE por los cursos sin realizar en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Hubo redadas de hasta un centenar de personas de una tacada en 2015 con excargos de Empleo y altos funcionarios, algunos ya jubilados, pasando incluso noche en los calabozos.

Pero a la par, la Junta de Andalucía contrataba en otoño de 2013 a 60 personas para examinar uno a uno los expedientes y reclamar el dinero a las entidades o empresas gestoras de los cursos que no se hubiera podido justificar. Todos los cursos investigados por los órganos fiscalizadores corresponden a expedientes vivos, es decir, a tiempo de reclamar el dinero mal empleado.

Esta tesis de que por ello no hay menoscabo de fondos fue defendida por los interventores de la Junta en sus declaraciones ante el juzgado 6 de Sevilla, cuya nueva titular, María Núñez Bolaños, ya adelantó en junio que la pieza de los políticos sería archivada si lo pedía la Fiscalía anticorrupción. Esta ya dijo la pasada semana, que, al igual que ahora el Tribunal de Cuentas, no ve un delito de prevaricación en las exceptuaciones.

Las consideraciones tanto del Tribunal de Cuentas como las de la Fiscalía (dos estamentos dependientes del Estado) dan pie a considerar que no hay caso de los cursos de formación. Lo cual no quiere decir que no haya irregularidades en los procedimientos de las ayudas, que en opinión del Tribunal de Cuentas deben dirimirse por la vía de lo contencioso administrativo. Como tampoco que no haya pillaje por quienes recibieron las subvenciones para realizar los cursos y o bien no lo hicieron o trampearon datos sobre profesores, alumnos y facturas del material utilizado, como algunos jueces que han archivado la causa contra los políticos han advertido.

El informe del Tribunal de Cuentas, aún a falta de confirmación por la consejera competente, ha caído como agua de mayo en las filas socialistas. El PSOE lleva días envalentonado hasta el punto de acusar al Ministerio del Interior (del que depende la UDEF y la UCO) de orquestar una «farsa» sobre los cursos para dañar a Susana Díaz. El PPsacó en plena campaña alusiones a que su marido y otros familiares estuvieron contratados en cursos de la UGT financiados por la Junta, aunque entonces su poder de influencia radicaba en que era cargo orgánico del PSOE sevillano.

Rifirrafe político

«¿Qué más le hace falta al PP para darse cuenta de su error de querer golpear permanentemente al adversario con un presunto caso de corrupción que ha resultado falso?», se preguntó ayer el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios. Este lamentó el daño a la honorabilidad de cargos y funcionarios de la Junta por este asunto.

«No se puede hacer una reflexión tan rápida. Hay que recordar que hay un investigación abierta y que los informes de la UCO no van en esa dirección e indican que hay responsabilidades penales», manifestó la diputada del PPMarifrán Carazo.

Podemos, Ciudadanos e IU, que también respaldaron como el PPla comisión de investigación en el Parlamento, optaron por recordar que hay que separar las responsabilidades políticas de las penales. Teresa Rodríguez dijo no entender que la Junta paralizase los cursos durante tres años si no había pasado nada. Solo por ello, por haber devuelto 800 millones de euros al Estado, exige responsabilidades políticas.