Núñez abre 11 nuevas piezas sobre ayudas en el 'caso ERE' para que estas no prescriban
Dos asociaciones de jueces emiten un comunicado en defensa de la jueza frente a las críticas recibidas a su labor en el caso
Maria Dolores Tortosa
Viernes, 15 de julio 2016, 02:30
La jueza de Instrucción 6 de Sevilla, María Núñez, ha abierto once nuevas piezas para su investigación en el caso de los ERE, entre ellas ... las concedidas a tres ayuntamientos y a 36 empresas. Entre estas destacan las ayudas concedidas a Juan Francisco Trujillo Blanco, el que fuera chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, conocido sobre todo por las declaraciones en su día a la jueza Mercedes Alaya de que gastaba el dinero de las ayudas en cocaína y fiestas.
Con este paso la magistrada cumple con la petición de la Fiscalía anticorrupción para agilizar la instrucción sobre las ayudas supuestamente irregulares o ilegales y que estas no prescriban como ya ha ocurrido con otras concedidas hace más de diez años y en cuantías inferiores a 400.000 euros. La juez, en un auto del día 12 de julio, admite la dificultad de esta parte de la instrucción del caso ERE por la gran cantidad de ayudas aún por investigar. Por ello, dice que establece un orden para «comenzar con aquellas que por referirse a ayudas directas existe riesgo de prescripción».
Por ello, la jueza requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que realice una «lista completa» de las ayudas directas «sobre las que se ha realizado y presentado atestado, así como de las que estén pendientes, indicando cuantía y fecha de pago». Núñez Bolaños decidió dividir hace ahora un año la macrocausa de los ERE en piezas separadas para agilizar su tramitación.
La Guardia Civil calculó en su día que el exchófer de Guerrero pudo haber recibido más de un millón de euros en ayudas con cargo a la partida investigada, la 31L de la Consejería de Empleo. La jueza ordena abrir diligencias también por la póliza falsa de prejubilación pagada a la madre de Trujillo, Estrella Blanco. Sus empresas, al parecer casi todas usadas como pantalla para el cobro de las subvenciones, eran Iniciativas Turísticas Sierra Norte, Lógica Estrategia Empresariales, Ave Nueva, lladeso Hoteles.
Los ayuntamientos investigados son de la provincia de Sevilla: San Nicolás del Puerto, Los Palacios y Alcolea del Río. También se abren diligencias por ayudas a 26 empresas de la Sierra Norte de Sevilla, zona vinculada tanto a Guerrero como al exconsejero de Empleo José Antonio Viera. También abre piezas sobre los fondos recibidos por minas de la Faja Pirítica de Huelva, en las que se llegaron a conceder 200 prejubilaciones; y las empresas sevillanas Río Grande, Calderinox, Cydeplas S.A., Cydeplast PET SL y Nazapet SAL y Faja Pirítica de Huelva.
Por otro lado, dos asociaciones de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, salieron ayer en defensa de la «independencia» y «prestigio» de la jueza María Núñez Bolaños, informa Europa Press. Ambas asociaciones, de cáracter conservador, han exigido «respeto a su imparcialidad y al recto desempeño de su labor instructora» en casos de «gran relevancia mediática» como los ERE fraudulentos.
En un comunicado conjunto, ponen de manifiesto que las decisiones judiciales «pueden no ser compartidas», pero «es inadmisible que para mostrar disconformidad con ellas se acuda no a una crítica razonada a su contenido sino a un arbitrario ataque a la persona, extendiendo entre la ciudadanía una velada sospecha sobre sus intenciones y desprestigiando la institución que encarna».
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