Chaves recurre a la Audiencia de Sevilla el auto del juez del 'caso ERE' que la acusa de prevaricación

En su escrito, el letrado de Chaves pide el sobreseimiento y archivo del auto al "no ser constitutivos de infracción penal alguna los hechos objeto de investigación". Ante un recurso de apelación debe ser la Audiencia Provincial de Sevilla la que resuelva si procede el archivo o continuar con la acusación contra el expresidente. Para este como para el resto de acusados, se abre así la posibilidad de demostrar ante una instancia distinta su inocencia en los hechos investigados.

En el amplio escrito, el letrado expone que el magistrado alude a indicios sin pruebas sobre que el expresidente decidiera o conociera un procedimiento ilegal para conceder y pagar las ayudas sociolaborales objeto de investigación judicial por supuesto fraude. Sostiene que resulta "imposible subsumir los hechos atribuidos a mi representado en el delito de prevaricación".

El Juez Martín acusa a Chaves de prevaricación en base a que "como responsable máximo del gobierno de la comunidad, impulsó la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello, transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias, como la falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones. El juez registra como hechos del delito la aprobación de modificaciones presupuestarias para la partida de los ERE en los consejos de gobierno presididos por Chaves; la aprobación de los proyectos de ley de los presupuestos que incluyen las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo al IFA para el pago de las ayudas que considera ilegal; y una declaración del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, sin especificar, en la que dijo que el Consejo de Gobierno conocía el sistema de las ayudas. Fernández rechazó dar su conformidad a dicha declaración, realizada en un interrogatorio de tres días de la jueza Mercedes Alaya antes de enviarle a prisión en abril de 2012.

El escrito de apelación esgrime la "absoluta irrelevancia penal" de los hechos que se le acusan a Chaves. Argumenta que tanto las 18 modificaciones presupuestarias relativas a la partida de los ERE como los proyectos de leyes que se aprobaron siendo Chaves presidente en la fecha investigada, desde 2002 a 2009, iban avaladas por los preceptivos informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía cuando llegaron a la mesa del Consejo de Gobierno. El recurso incide apelando a jurisprudencia de la imposibilidad de cometer delito penal en la aprobación de modificaciones presupuestarias sujetas a informes que avalan la legalidad, o de darle el visto bueno a los proyectos de ley de presupuestos también con todos los parabienes legales, fueron luego en realidad aprobados por el Parlamento. También argumenta acudiendo a la propia declaración de Chaves ante el Tribunal Supremo de su desconocimiento de que pudiera estar utilizando un procedimiento sin garantías legales para la concesión y pago de las ayudas, ya que no era su misión entrar al detalle de lo que cada consejería pudiera estar haciendo.

Respecto a la declaración de Fernández, el recurso recuerda la aclaración que el exconsejero hizo en el Tribunal Supremo. "El Presidente insta a su Gobierno a que trabajemos para que la automoción quede, para que nadie quede, ahora que se habla mucho de los rescates, tanto económicos como de ciudadanos, que ningún ciudadano quedara desamparado, pero por supuesto el Presidente de la Junta nunca, en mi conocimiento, pudo ni conoció, ni tenía por qué conocer el procedimiento del Convenio Marco", dijo Fernández.

"Tras la lectura de esta contestación se podrá considerar que la declaración en sede judicial resulta o no creíble (aunque no conste en la causa ningún dato, a nuestro entender, para no considerarla creíble, ni tampoco el Magistrado Instructor aporta nada en tal sentido, puesto que o bien desconoce o bien prefiere omitir esta declaración judicial), pero lo que desde luego es innegable es que la contestación ofrecida por Don Antonio Fernández es contundente, clara y nítida, aunque, eso sí, radicalmente contraria a lo que sostiene el Auto contra el que se recurre para intentar hallar un indicio incriminatorio contra mi representado", esgrime el recurso.