Caso ERE, cinco años y... ¿cuántos más?

Ni siquiera de alguna de las seis piezas que en julio del pasado año quedó dividida la macrocausa sobre el presunto fraude en la gestión y percepción de 855 millones de euros para empresas en crisis y prejubilaciones concedidos por la Junta de Andalucía desde 2000 a 2012.

Esta división, adoptada por la jueza ahora titular del juzgado 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, debía en teoría, según su propia intención, agilizar la investigación del caso judicial relacionado con la corrupción política con el mayor número de imputados o investigados en España, casi el triple que el caso Malaya.

Entre ellos figuran 51 políticos y altos funcionarios de los gobiernos socialistas de dos décadas, incluidos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y ocho de sus exconsejeros. Aunque no por enriquecimiento ilícito, sino por supuestamente crear y poner a funcionar un sistema opaco de ayudas laborales por interés electoral.

La incertidumbre sobre su conclusión marca el quinto aniversario, hasta el punto de que la previsión de que este año se celebrara el juicio de la pieza sobre los políticos, como pretendía la instructora, es acogida por las partes con bastante «escepticismo». Cinco años después la madeja sigue enredándose y para algunos de las decenas de letrados la situación sigue tan «indefinida» como al principio de la investigación, sin saber «a dónde vamos» y en qué plazo.

Tal es así que esta semana la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la causa de los ERE sea declarada toda ella de «especial complejidad», lo que permitiría alargar las investigaciones año y medio más. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor recientemente, dicta que la instrucción de las piezas no debería superar los seis meses salvo si concurren circunstancias especiales. Anticorrupción argumenta para su petición la cantidad de investigados, la complejidad de los hechos punibles y de documentación que necesita la supervisión de personas jurídico privadas o públicas.

Tres mujeres en el número 6

Una petición con la que no están de acuerdo letrados de los imputados, que se extrañan cómo la Fiscalía, que lleva años reclamando agilidad e incluso advirtiendo de la posible prescripción de algunos delitos, solicita ahora su alargamiento el triple del tiempo previsto en la ley.

La última palabra la tendrá la jueza Núñez Bolaños, la segunda en hacerse cargo de la macrocausa desde que Mercedes Alaya dejó en junio pasado el juzgado para ascender a magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla. En realidad la tercera, si se tiene en cuenta a la jueza Ana Rosa Curra, quien sustituyó a Alaya seis meses desde septiembre de 2012 por enfermedad de esta y quien puso a la Guardia Civil tras la pista del dinero de los comisionistas, dando pie a las famosas operaciones Heracles con mediáticas detenciones en la primavera y otoño de 2013.

El caso no lo acabará ninguna de las tres mujeres que lo han investigado hasta ahora en el juzgado sevillano, sino un hombre, el juez Álvaro Martín. Este es desde 2013 juez de refuerzo del número 6 para asuntos ordinarios. Aspiró a ser titular, pero Núñez Bolaños, jueza de familia antes y doctora en Derecho, tenía más puntos por antigüedad.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado el visto bueno al plan de trabajo de Núñez, de forma que la jueza se queda con las otras macrocausas, entre ellas la de los cursos de formación, y cede a Álvaro Martín las seis piezas de los ERE. El TSJA insta a Martín a seguir la instrucción «en un marco de plena colaboración y entendimiento» con la titular.

Pendiente del Poder Judicial

El entendimiento que el TSJA no consiguió entre Núñez y Alaya. La mediática jueza quiso quedarse con la causa de los ERE en comisión de servicio después de acceder a la Audiencia, pero un enfrentamiento con su sucesora (entre otras razones por la división del sumario al que se oponía) hizo que el Consejo del Poder Judicial la apartara definitivamente del caso. Alaya llegó a acusar a Núñez de no estar capacitada para la investigación y dudó de su imparcialidad por su amistad con el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, fiscal de profesión.

Núñez respondió rechazando la participación de Alaya en la instrucción. Como titular del juzgado, el TSJA se puso de su lado, pero de alguna manera ha debido influir en Núñez para que fuera Álvaro Martín quien acabara la instrucción en una salida salomónica. Martín es presidente en Andalucía occidental de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de índole conservador, la misma a la que pertenecen la mayoría de los magistrados de la sala de gobierno del TSJA.

Aún falta que el Consejo General del Poder Judicial refrende a Martín, posiblemente lo haga esta semana. A partir de entonces el nuevo juez podrá tomar la dirección de las seis piezas: la llamada del procedimiento específico con el que se aprobaron y concedieron las ayudas, que la instrucción hasta ahora considera ilegal, y por la que hay 51 cargos investigados (uno falleció el 31 de diciembre); la relativa a las sobrecomisiones que cobraron las aseguradoras y mediadoras (más de 60 millones de sobrecomisiones); y una por cada una de las ayudas que recibieron las empresas Acyco, Sayago y Rosendo, Surcolor y Cenforpre. Núñez, en el reparto del 30 de julio, las llamó piezas piloto, pues las sentencias que emanen de ellas deben servir de jurisprudencia al resto de las ayudas por investigar.

La más importante y clave en la resolución, reconocen fuentes del caso, es la del procedimiento específico. Martín hereda una doble instrucción sobre esta pieza, la de Alaya con su teoría de la pirámide de responsables políticos y técnicos que pusieron en marcha un sistema de ayudas ajeno a la ley, en cuya cúspide sitúa a Chaves y Griñán.

Y la del instructor del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro, un juez a punto de jubilarse, de la asociación progresista Jueces para la Democracia y con el proceso que sacó a Baltasar Garzón de la carrera judicial en su currículum. En el auto que inculpa a Griñán y en el que pide los suplicatorios al Congreso para hacer lo mismo con Chaves, Gaspar Zarrías y José Antonio Viera antes de dejar estos de estar aforados por abandonar el escaño de diputados, Barreiro refrenda la teoría de Alaya, pero hace importantes puntualizaciones.

Doble instrucción

A los expresidentes y a Zarrías les acusa de los delitos de prevaricación administrativa, cuando Alaya les había señalado además de malversación de fondos públicos, como acusa al resto de excargos políticos no aforados, entre ellos Magdalena Álvarez. Barreiro solo apunta este delito a José Antonio Viera, exconsejero de Empleo.

Álvaro Martín tendrá que decidir si continúa por esta vía o retoma la de Alaya y si en las diligencias que continúe incluye nuevas declaraciones a los expresidentes de la Junta.Sí tendrá que tomar declaración a algunos de los antiguos aforados, como Francisco Vallejo, que ya lo ha solicitado.

Las defensas de los expresidentes han batallado porque las instancias judiciales superiores al 6 les saquen del proceso con el principal argumento de que no hubo un procedimiento ilegal para conceder las ayudas y no hay pruebas de que estuvieran al tanto de las irregularidades que se pudieran estar cometiendo en la Consejería de Empleo. Por ahora ni lo han conseguido en el Tribunal Supremo ni en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Fuentes del caso consultadas coinciden que la gran discusión de fondo del caso ERE, la legalidad o no del sistema de ayudas, no se dilucidará hasta la celebración del juicio y que lo más probable es que los expresidentes acaben sentados en el banquillo de los acusados. Para casi todas las partes es clave la celebración «cuanto antes» del juicio sobre el procedimiento específico para que el tribunal establezca si este es en sí mismo delictivo o no. La sentencia servirá para despejar el panorama y «dará un suelo de relativa firmeza para enjuiciar las ayudas», sostiene un letrado.

Sobre las subvenciones a las empresas hay que distinguir las pólizas de prejubilaciones a 6.094 trabajadores sobre las que el Supremo ya dijo que la inmensa mayoría salvo las de los 44 intrusos de los 126 detectados en principio con irregularidades no son malversación de fondos públicos. Otra cosa es el papel de los intermediarios o mediadores con la Junta para que las empresas pudieran librarse de empleados, con sus más de 60 millones de euros de sobrecomisiones.

Y en cuanto a las ayudas directas a las empresas la situación es más delicada. El tribunal deberá concluir qué ayudas de los 73 millones de euros concedidos fueron en realidad un fraude y qué personas cometieron delitos al margen de las irregularidades de los expedientes para su tramitación. La Junta ha pedido la devolución de casi todas ellas, pero ya el Consejo Consultivo le ha dado marcha atrás en algunas. En realidad, la Junta aún no ha informado en estos cinco años del dinero recuperado de los más de 150 millones de euros en los que se calcula el fraude real.

Sierra Norte

Pero antes de que lleguen los juicios el nuevo juez del caso deberá confirmar las acusaciones y delitos en las seis piezas de un sumario de toneladas de folios. Un monstruo de siete cabezas, le llama un letrado. La longevidad del caso ha provocado que además de cuatro jueces, contando el del Supremo, tenga otros avatares. A lo largo de los años han fallecido siete de los imputados. Dos de ellos en las dos últimas semanas, el que fuera director general del IFA e impulsor del sector aeronáutico andaluz Francisco Mencía, y el empresario y exconcejal socialista de El Pedroso Enrique Rosendo, este con menos de 50 años y de un infarto. La jueza ha archivado las diligencias penales contra ellos.

El fallecimiento de Rosendo deja solo a su socio José María Sayago en una de las piezas más emblemáticas del caso, la de la Sierra Norte. Sus empresas recibieron 30 millones de euros de los más de 50 que se repartieron en esta comarca de Sevilla, de la que es y fue alcalde el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, principal imputado de la trama.

La tardanza del juicio ha repercutido de forma muy negativa en la economía y la vida laboral y familiar de los imputados, que aún sin haber sido declarados culpables están en realidad cumpliendo condena de banquillo y económica. Las juezas ha impuesto hasta 3.000 millones de euros de fianzas civiles y penales, siendo las del exconsejero Antonio Fernández (807 millones), y Guerrero (686) las más altas.

Guerrero y Fernández fueron dos de la decena de personas encarceladas por la jueza Alaya entre 2012 y 2013. Como en el caso Malaya el de los ERE cuenta con un prófugo, el exdirectivo de la aseguradora Vitalia Eduardo Pascual, encarcelado en marzo de 2013 y desaparecido después de salir en julio de ese año.