Un juez investiga a 29 empresas y 53 imputados por el fraude en cursos de formación en Sevilla

Esta investigación se deriva de la llamada operación 'Edu', iniciada en Málaga, en la que la UDEF ha detectado irregularidades de este tipo en todas las provincias andaluzas, por lo que se han repartido las diligencias por juzgados de Instrucción de toda la comunidad autónoma, según han informado a Europa Press fuentes del caso, que han añadido que, en el caso de Sevilla, la Policía ha tomado declaración a más de 800 personas.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), esta investigación, que es independiente de la que instruía la juez Mercedes Alaya, aborda una presunta trama en la realización de cursos de formación para parados, convocados con fondos de la Junta de Andalucía, desde la Delegación Provincial de Empleo.

Y es que, tras iniciarse esta causa en el Juzgado hace ahora un año, el instructor, Juan Gutiérrez Casilla, solicitó a la Policía una ampliación del atestado elaborado inicialmente, que cifró el fraude en 3,7 millones de euros, para aportar un número mayor de pruebas y declaraciones acerca de los hechos denunciados.

Ahora, según indica esta ampliación del atestado, son 29 las empresas sevillanas que están siendo investigadas, de muy variados sectores y dimensiones, y 53 los imputados en este proceso por presuntos delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, delitos específicos dentro del presunto fraude de subvenciones.

Cerca de 13.000 folios

El atestado ampliado consta de 51 tomos con cerca de 13.000 folios, a los que se han adjuntado en su envío a la Fiscalía otra documentación, ésta con un volumen aproximado de 150 tomos --parte de ella en soportes informáticos--.

En esta causa, en la que por el momento sólo esta personada la Junta de Andalucía como acusación, se va a tratar de depurar si existe responsabilidad penal o bien administrativa o fiscal y los presuntos responsables de estos delitos.

Las irregularidades descritas indican "múltiples y diversos usos fraudulentos" de fondos de la Junta de Andalucía, partidas cuyo uso normativo "era para ser destinados a la formación y la consecución de empleo" por parte de trabajadores en paro.