El juez del Supremo interroga a Manuel Chaves por el caso de los ERE

Chaves ha llegado a las 9.45 de la mañana acompañado de su abogado, Pablo Jiménez de Parga, y no ha hecho declaración a los periodistas. Como ocurrió el pasado jueves con su sucesor al frente de la Junta, José Antonio Griñán, una nube de fotógrafos y cámaras ha recibido al mandatario andaluz. Ha bajado de un vehículo que le ha dejado en la puerta de entrada al Supremo, en la madrileña calle Marqués de la Ensensada. Chaves, con barba corta como lleva tiempo luciendo y con semblante tranquilo, ha sonreído a los periodistas y ha dicho "buenos días".

Es también para Chaves la primera vez que acude a declarar como imputado ante el Tribunal Supremo, aunque este ya archivó en 2010 una causa contra él por supuesto tráfico de influencias en el caso de las ayudas de la Junta a la empresa minera Matsa, en la que trabajaba su hija.

Para el exmandatario es el peor trago de su larga carrera política. Chaves estuvo al frente de la Junta de Andalucía desde 1990 a 2009. Ganó seis elecciones, tres de ellas por mayoría absoluta, lo que le había convertido hasta ahora en el dirigente socialista de mejor trayectoria política después de Felipe González. Fue ministro de Trabajo con González y vicepresidente segundo con José Luis Rodríguez Zapatero. Es profesor de Derecho del Trabajo con plaza en Córdoba. El caso de los ERE le ha llegado cuando ya pensaba abandonar su carrera política y jubilarse. Cumple 70 años el próximo mes de julio.

El expresidente tuvo conocimiento de su implicación en el caso de los ERE por la jueza Alaya el 10 de septiembre de 2013. Fue una fecha sonada, ya que saltó la noticia del auto de la jueza justo en la mañana cuando el nuevo gobierno de Susana Díaz tomaba posesión. Hoy dos años después su declaración ante el alto tribunal viene mezclada con otro avatar político, la elección de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Podemos y Ciudadanos piden su dimisión como diputado para respaldar la investidura.

Chaves defenderá la legalidad del sistema de las ayudas sociolaborales y la importancia que estas tuvieron para amortiguar el alto paro de la comunidad en los años de finales del siglo XX a comienzos del XXI. El expresidente declaró en la comisión de investigación del Parlamento en septiembre de 2012 que su responsabilidad fue «poner en marcha una política concreta (las ayudas sociolaborales) para tratar de salvar puestos de trabajo, ayudar a los trabajadores que tenían dificultades para recolocarse y garantizar la viabilidad de las empresas».

También aseguró desconocer el procedimiento administrativo con el que se aplicaba dicha política, que según la jueza Mercedes Alaya era ilegal, razón por la que elevó al Supremo indicios de delitos contra el expresidente y resto de aforados. «Yo no podía conocer miles de procedimientos, miles y miles de iniciativas de todos los organismos y consejerías de la Junta de Andalucía», afirmó en el Parlamento.

Chaves defenderá, como hizo Griñán, la legalidad del sistema de las transferencias de financiación y que su mal uso fue el que derivó en el supuesto desvió en las ayudas, que también situará a partir de las decisiones en la Dirección General de Trabajo. En la comisión de investigación del Parlamento tachó de «hechos aislados y excepcionales» lo ocurrido.

La justicia investiga el desvío de más de 140 millones de euros en 855 millones de euros concedidos entre 2000 y 2012 para prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis, pero Alaya considera que todas las subvenciones se hicieron de forma ilegal. La magistrada ha caldeado la declaración del expresidente con un nuevo auto en el que acusa a la Junta de «menospreciar» y «desoír ejercicio tras ejercicio» los informes de la Intervención General que alertaba de deficiencias en la tramitación y pago de los ERE. Chaves, como Griñán, también insistirá en que nunca tuvo conocimiento de tales advertencias porque estas no constaron de un informe de actuación o alerta roja de menoscabo de fondos públicos.

Chaves es el tercero de los aforados en declarar. La pasada semana lo hicieron el exconsejero de Trabajo José Antonio Viera y el expresidente José Antonio Griñán. El juez Barreiro también interrogará esta semana al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, y la próxima a la también exconsejera de Presidencia Mar Moreno. El juez ya cuenta en su mesa de despacho con el informe que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil sobre las actuaciones de ambos en relación con los ERE. el informe, que analiza los acuerdos de 16 consejillos (consejos a los que asistía los viceconsejeros como paso previo a los consejos de Gobierno) concluye que no hay escritos en los que Zarrías y Moreno estén de forma explícita relacionados con los ERE, si bien diferencia al primero de la segunda.

Respecto a Moreno, afirma que no participó en ninguna decisión relativa a los ERE. De Zarrías, sin embargo, afirma que presidió 12 consejillos en los que se aprobaron ayudas y modificaciones presupuestarias de las ayudas. También alude a terceros que hablan de relaciones con Juan Lanzas, imputado.