Días decisivos en el 'caso ERE' y en la Junta

Díaz, en calidad de secretaria general del PSOE andaluz, ha reafirmado su postura de que sin son acusados de un delito por el alto tribunal deberán dejar sus actas de diputado (Chaves) y senador (Griñán). Solo este último declarará esta semana, el jueves día 9, mientras que Chaves lo hará la siguiente, el martes día 14, a dos días de la constitución del Parlamento.

La primera votación de la investidura se prevé dos semanas después, a finales de abril. Un tiempo muy ajustado y que en nada tiene que corresponderse con el de la instrucción de los ERE en el Tribunal Supremo, según fuentes consultadas. Es decir, el instructor no tiene por qué aclarar de inmediato tras las declaraciones de los expresidentes si les va a imputar un delito y continuar la instrucción hasta apertura de juicio, para lo que tendría que pedir el suplicatorio al Congreso y al Senado.

Investidura y declaración

Tampoco el archivo de la causa contra ellos, como esperan los socialistas, sería comunicada en tiempo y hora que convenga a la negociación política. Es cierto que ningún partido piensa dar el sí a la investidura en la primera votación, cuando es necesaria la mayoría absoluta, lo que permite un tiempo más amplio. Las votaciones pueden sucederse en dos meses a partir del día 16. Si no hay acuerdo antes de junio, deberán convocarse nuevas elecciones.

Nadie del PSOE ha planteado que Chaves y Griñán deban dimitir como sacrificio por la investidura antes de lo que dirima el Tribunal Supremo. En el seno del partido descartan una humillación de este tipo.

Aún así, la circunstancias fruto del adelanto y resultado electoral en Andalucía confieren a las citas ante el Supremo de Griñán y Chaves una presión añadida a la que ya de por sí tiene que dos expresidentes de Andalucía comparezcan ante el máximo tribunal por un caso relacionado con la corrupción política, aunque a ninguno de ellos se le investigue por lucro personal.

El foco estará en los expresidentes, aunque hay otros siete aforados, todos exconsejeros de sus gobiernos, que también declararán desde este día 7 de abril hasta el día 21, en dos tribunales a la par, el Supremo y el TSJA, con sedes en Madrid y Granada. Todos ellos lo hacen a petición propia y bajo la figura de imputados. Este martes comparece el que fuera consejero de Empleo José Antonio Viera, en el Supremo. El instructor de este tribunal, Alberto Jorge Barreiro, cita a Griñán para el día 9, a Chaves el día 14; al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, el día 16, y a la exconsejera de Presidencia Mar Moreno, el día 21.

El mismo día 7 que Viera en Madrid, el instructor del TSJA, Miguel Pasquau, interroga al exconsejero de Economía Antonio Ávila. Al día siguiente, día 8, lo hará Carmen Martínez Aguayo, exconsejera de Hacienda, y el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo tiene cita para el día 13. Todos ellos, además del exconsejero de Empleo Manuel Recio, dejan de ser aforados el día 16 al no repetir como diputados.

El PSOEaún no ha informado si renovará a Griñán y Mar Moreno como senadores por la Comunidad autónoma. Guarda silencio sobre ello a la espera de los acontecimientos. En realidad, sin son imputados, deben correr la misma suerte que los restantes aforados del TSJA, ya que la exigencia del PSOE es que dimitan de sus escaños.

Es decir, pasarían todos a la jurisdicción de la jueza instructora de la macrocausa, Mercedes Alaya. ¿Y si para cuando el Parlamento deba decidir el nombramiento de los senadores aún no se ha pronunciado el Supremo, qué hará el PSOE? No hay respuesta. Lo habitual hasta ahora es que el Parlamento designe a los senadores el primer o segundo pleno después de la investidura.

Mercedes Alaya ha llamado a declarar otra vez al exconsejero de Empleo Antonio Fernández también para el día 7, además de a otros excargos de la citada consejería. Este martes, por tanto, en plena negociación del futuro gobierno andaluz, el caso de los ERE acapara toda la atención con interrogatorios en Madrid, Granada y Sevilla.

¿El sistema legal o ilegal?

Antes de las elecciones, la expectación se situaba en si el Tribunal Supremo entraría a dilucidar sobre dos cuestiones clave en este proceso. Si fue ilegal el sistema que utilizó la Junta de Andalucía para la concesión de 855 millones de euros en ayudas sociolaborales (6.096 trabajadores) y a empresas entre 2000 y 2012. Y si, incluso aceptando la ilegalidad del sistema, hay indicios de delito penal por parte de los expresidentes y restos de aforados, o de unos sí y de otros no.

Es decir, si el sistema se hizo ilegal de forma adrede por la cúpula de gobiernos socialistas de manera confabulada, para esquivar el control previo de la Intervención General y favorecer la arbitrariedad, y si fue el uso de este sistema el que generó el fraude detectado en la Consejería de Empleo en aquellos años. También se discute que la Junta no fuera competente para la subvención de las prejubilaciones.

Grosso modo, sobre estas premisas asienta la jueza instructora del macrosumario de los ERE, Mercedes Alaya, la imputación de los delitos de prevaricación y malversación pública contra más de cincuenta excargos de la Junta de Andalucía y elevó el pasado agosto el sumario al Supremo al toparse en sus pesquisas con diputados y senadores, a los que no puede investigar.

Hasta ahora ni la Audiencia Provincial de Sevilla ni la Fiscalía anticorrupción se han pronunciado sobre el nudo gordiano del 'caso de los ERE', sobre el que Mercedes Alaya ha tejido las acusaciones a los políticos: La ilegalidad del sistema de las transferencias de financiación y las encomiendas de gestión como herramienta para el pago de las ayudas de Empleo a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego IDEA, mediante un convenio y con cargo a una partida presupuestaria, la 31L. Y si esto, como sostiene Alaya, que defiende la ley de subvenciones como el método adecuado, propició que una trama de aseguradoras, mediadores o conseguidores, empresarios afines al PSOE de la Sierra Norte de Sevilla e intrusos (126) en las listas de prejubilados de los expedientes de regulación de empleo (ERE) amañaran grandes cantidades de dinero fraudulento en connivencia con cargos de la Consejería de Empleo. El montante del fraude se calcula por encima de los 140 millones de euros.

Tesis de las defensas

Alaya basa su teoría incriminatoria en el informe de la Intervención General del Estado de diciembre de 2013, que lo peritos han ratificado en su juzgado entre finales del pasado febrero y la primera semana de marzo. Los técnicos del Estado consideran las transferencias de financiación un procedimiento administrativo «inadecuado» y «engañoso» para el pago de las ayudas. También sostienen que la falta de regulación de estas era conocido por el Consejo de Gobierno, las consejerías de Hacienda, Empleo e Innovación y la Intervención General.

Las defensas siempre han esgrimido ante Alaya la legalidad del instrumento administrativo, puesto que era incluido en las leyes de presupuestos y aprobado por el Parlamento cada año. Las defensas de los aforados en el Supremo presentaron a este un informe pericial firmado por los catedráticos Juan Zornoza (de la Universidad Carlos III) y Miguel Ángel Martínez Lago (de la Complutense) tratando de desmontar la tesis de Alaya. Argumentan que la transferencia de financiación es una figura legal utilizada por numerosas administraciones y su empleo no implica que se incurra en irregularidades en la gestión de fondos tramitados a través de ellas.

Sitúan el fraude «en el momento de la ejecución del gasto por parte de las autoridades competentes de la Consejería de Empleo». Según esta teoría, el fraude se produce no por el uso del procedimiento, sino por un mal uso de este. Su utilización, esgrimen, no implica que los gestores de Empleo no hubieran debido aplicar la norma de subvenciones con criterios de publicidad e igualdad de oportunidades. Sobre si la Junta vulnera competencias del Estado, los catedráticos aducen «el hecho de que el Gobierno de la nación no planteara en ningún momento el correspondiente conflicto constitucional de competencias, obliga a dar por bueno el ejercicio hecho por la Junta de Andalucía».

Comisión de investigación

No será la primera vez que Manuel Chaves y José Antonio Griñán declaran su versión de lo ocurrido en el caso de los ERE, aunque sí como inmersos en el proceso judicial. Lo hicieron el 25 de septiembre de 2012 en la comisión de investigación abierta por el Parlamento. Las actas recogen un duro careo de los expresidentes con los diputados del Partido Popular Carlos Rojas y de Izquierda Unida Alba Doblas. Solo el PPpidió responsabilidades políticas a los expresidentes. IU fijó el tope en los exconsejeros de Empleo y el PSOE en el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Ninguno se puso de acuerdo.

Chaves defendió su responsabilidad en la partida presupuestaria diseñada para ayudas sociolaborales para frenar el alto paro con la crisis de las grandes empresas (el paro en 2000, dijo, era del 25,4%), pero negó que supiera o tuviera constancia de que el procedimiento utilizado pudiera ser ilegal. «Calificar el programa 31L de opaco o de fondo de reptiles, no solamente me parece una desmesura (...), sino una falsedad y una descalificación intolerable que solamente puede derivar de una mente perversa», dijo Chaves. «Yo no conocía los procedimientos, no los podía conocer, no podía conocer el día a día, no porque no me pudiera interesar. Vuelvo a reiterar: miles y miles de iniciativas de todos los organismos de la Junta de Andalucía, imposible conocerlos». «Si hubo empresas que recibieron ilegalmente el dinero, que caiga todo el peso de la ley sobre ellas». Fueron algunas de las frases de Chaves.

Griñán insistió en no haber conocido siendo consejero de Hacienda (2004-2009) ningún informe de la Intervención advirtiendo de irregularidades en el procedimiento y recalcó que no los recibió porque el interventor no avisó de menos cabo de fondos públicos por su uso «porque no los vio». Su número dos entonces, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, admitió haber recibido los informes de irregularidades y no haberlos trasladado al consejero. «Si al coche de un vecino le falta líquido de frenos, pues será el vecino el que tendrá que solucionar ese problema». «A mí no me han llegado nunca los informes de la Intervención. Se lo estoy diciendo, nunca, nunca», reiteró Griñán.