Alaya abre una nueva causa contra el Gobierno de la Junta

La jueza repite los mismos parámetros de su investigación que los aplicados en el 'caso de los ERE'. Observa posibles delitos en el uso del procedimiento administrativo de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas a través de la agencia pública IDEA, ya que sigue sin considerarlo legal o adecuado; también en que las ayudas superaron hasta cuatro veces el presupuesto fijado en un principio en las cuentas de la Consejería de Innovación; y por último, por el posible menoscabo de fondos en la no recuperación de los créditos.

La nueva instrucción de Alaya señala de manera directa al Consejo de Gobierno, es decir, a todos los consejeros y presidente en aquellos años (Chaves hasta abril de 2009 y Griñán desde entonces hasta 2013), ya que las ayudas que superaban los 1.200.000 euros debían ser aprobadas por el máximo órgano de gobierno. También sitúa el punto de mira en el área de decisión y confección presupuestaria de la Consejería de Hacienda de la administración andaluza.

También repite colaboradores en la petición de información para confirmar sus indicios: la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y la Intervención General del Estado. Peritos de esta declaran esta semana en el juzgado de Alaya ampliando sus deliberaciones que avalan la tesis de la jueza de ilegalidad en la gestión de las ayudas sociolaborales, las del 'caso ERE' por los gobernantes socialistas de la Junta.

Alaya abre esta nueva causa a una semana de la apertura de la campaña electoral de las andaluzas. Para el próximo día 3 de marzo ha citado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, también con una ampliación de la investigación que sigue contra él desde hace cuatro años, ahora por supuesto delito de cohecho.