El Supremo investigará a Chaves y a Griñán por el ‘caso de los ERE’
El alto tribunal acepta dividir la causa como pide el fiscal y en contra de la tesis de la jueza Mercedes Alaya
Maria Dolores Tortosa
Viernes, 14 de noviembre 2014, 01:50
La sala de admisión de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado abrir una causa de investigación «imprescindible» contra los expresidentes de la Junta de ... Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como contra los exconsejeros Gaspar Zarrías, Mar Moreno y José Antonio Viera por el sumario de los ERE (expedientes de regulación de empleo) supuestamente fraudulentos. Al decidir el alto tribunal investigar a los expresidentes andaluces, el caso de los ERE, que arrastra ya 229 imputados, da un salto cualitativo porque alcanza a la máxima cúpula de los gobiernos socialistas de una década.
Griñán, Chaves y ninguno de los aforados mencionados están imputados, es decir, el alto tribunal no les acusa de nada, pero sí accede, como le pidió el fiscal, a indagar el «real alcance» de todos ellos en la participación «directa e indirecta» en el procedimiento administrativo para conceder 855 millones de euros en ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía desde 2000 a 2012. Un procedimiento que la jueza instructora, Mercedes Alaya, considera que fue ilegal y se hizo de manera premeditada, lo que rechazan los gobernantes socialistas.
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Ahora debe ser el Tribunal Supremo el que dirima sobre su legalidad y si hubo o no responsabilidad penal en su utilización. El Supremo, en el auto del que es ponente el magistrado Miguel Colmenero, subraya que en el actual momento procesal le corresponde a esta sala «exclusivamente» verificar si en la exposición razonada remitida por Alaya en agosto se consignan hechos que, según «una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos». En concreto, Chaves y Griñán serán investigados de posibles delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.
La sala ha nombrado juez instructor de la causa a Alberto Jorge Barreiro, quien deberá constatar o contradecir la teoría de Alaya de que los cargos mencionados confabularon para «organizar un sistema» con el que hacer efectivos aquellos pagos «sin sujetarse al procedimiento y controles propios de las subvenciones, a pesar de que esa era la naturaleza jurídica de las referidas ayudas». La teoría de Alaya es que esa falta de control fue premeditada y derivó en el fraude millonario del que se aprovecharon aseguradoras e intermediarios, como el famoso Juan Lanzas. Fue un sistema orientado «hacia personas y empresas próximas a los sindicatos, a cargos de la Junta o del PSOE andaluz», reproduce el auto del Supremo.
Causa dividida
El Supremo secunda la tesis del fiscal de dividir la causa en tres partes y contraviene en este sentido la teoría defendida fehacientemente por Alaya de la indivisión de la misma. De esta forma el procedimiento concerniente a los aforados autonómicos (Antonio Ávila, Carmen García Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio) y el resto de imputados también cargos de la Junta «deberá continuar ante los órganos competentes», es decir, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el caso de los exconsejeros que son diputados regionales, y el juzgado de Alaya en el resto.
Los expresidentes anuncian que acudirán a declarar de forma voluntaria
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Los expresidentes Chaves y Griñán pedirán declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo, tras conocer el auto que comunica la apertura de investigación. Esta es una posibilidad que les ofrece el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que se sumaba también ayer el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, que dijo que también lo solicitará «mañana mismo».Todos ellos, junto con Mar Moreno y José Antonio Viera, confirmaron través del grupo parlamentario su personación «inmediata» y la petición de declaración «voluntaria».
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Tanto Manuel Chaves, que se encontraba en el Congreso, como José Antonio Griñán se esforzaron aclarar que el trámite era el esperado, en matizar que siguen sin ser imputados, además de trasladar su satisfacción por que el proceso se acelera.Zarrías, que llegó a declararse «contento», manifestó que «no se nos imputa nada y por fin podremos hablar y defendernos. Estamos ante el principio del fin».
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Nadie, salvo la secretaria general, habló en el PSOEandaluz ayer, donde, pese a todos los matices, el auto del Supremo produjo notable impacto. Del Gobierno sólo opinó el vicepresidente Diego Valderas, de IU, que pidió prudencia «porque no hay imputaciones» y agilidad a la Justicia.
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El federal por su parte, se esfuerza en encajar la situación de que dos de sus líderes, y expresidentes del partido, sean investigados por el Supremo. Pedro Sánchez, secretario general, no quiso respaldar la decisión de Susana Díaz de que los aforados abandonen sus actas si son imputados y se limitó a darle su apoyo y decir que «la señora Díaz lo que está haciendo es actuar con contundencia y también respetando el principio de presunción de inocencia».
La sala, no obstante, deja una puerta abierta a que puedan incluirse en las diligencias del alto tribunal, lo que será decisión del juez instructor, Alberto Jorge Barreiro. «Solamente será procedente cuando se aprecie una conexión material inescindible con los imputados a las personas aforadas, lo cual puede apreciarse, en algunos casos, desde un primer momento, y, en otros, ser resultado de la investigación, lo que se deja en manos del instructor».
El alto tribunal alude a un auto de octubre de 2013 para justificar por qué «resulta imprescindible» abrir una investigación a los expresidentes y exconsejeros: «Bastará la posibilidad razonable de que los hechos que describe la exposición razonada, justificando la imputación, hayan ocurrido, para que proceda la apertura de la fase de investigación».
Para el ponente, los indicios que señalan a los expresidentes y resto de aforados emanan de su «posición de alta y especial responsabilidad política, dados los cargos que desempeñaban y de su intervención en las decisiones de creación o de mantenimiento del sistema que facilitaba esa forma de proceder e incluso, en el caso de alguno de ellos, en la ejecución de actuaciones concretas de aplicación de ese sistema».
En el caso de que el juez instructor vea indicios de delito deberá comunicarlo a la sala de admisión antes de pedir el suplicatorio al Congreso o Senado para la imputación. La sala dicta que todos sean escuchados «con carácter previo a su inculpación formal, procesamiento o adopción de cualquier medida cautelar». Chaves, Griñán y los cuatro diputados afectados manifestaron ayer que están dispuestos a declarar cuanto antes.
Declaración de Susana Díaz
La macrocausa, iniciada hace casi cuatro años, alcanza de alguna forma la cúspide de la pirámide que la instructora, Mercedes Alaya, trazó al comienzo de su investigación sobre posibles culpables del fraude de fondos públicos.
Alaya, que aún no ha cuantificado el menoscabo de fondos públicos (una cifra que según insinuó en una providencia podría rondar los 140 millones de euros), no acusa a los aforados y a otra treintena de cargos públicos imputados de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la trascendencia del caso de los ERE en el contexto actual donde llueven los escándalos de corrupción política y hay una gran presión social, ha hecho que el PSOEnunca haya salido a defender a ninguno de los imputados. No va a haber ninguna excepción con Chaves y Griñán si estos resultan acusados.
La presidenta andaluza, Susana Díaz, defendió la honestidad de ambos expresidentes, pero insistió ayer en que cumplirá lo que dijo hace una semana, pedirá el acta de diputado a todos los aforados que sean imputados «por un juez de n delito». «No me va a temblar el pulso, si los imputan, les explicaré que deben dejar el escaño», afirmó.
Esta medida, respaldada por la dirección federal del PSOE, ha sido mal digerida por numerosos socialistas en privado, aunque solo Alfonso Guerra la ha criticado en público.
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