Una plataforma registra una iniciativa legislativa para pedir una renta básica
La propuesta registrada necesitará de 40.000 firmas para poder ser defendida en Parlamento
Maria Dolores Tortosa
Miércoles, 5 de noviembre 2014, 01:44
Al mismo tiempo que Cáritas alertaba del incremento de personas en situación de emergencia social en Andalucía, una plataforma integrada por organizaciones sociales y sindicales, ... bajo el nombre de Compromiso Social para el Progreso de Andalucía , registraba en el Parlamento andaluz una iniciativa legislativa popular (ILP) para pedir que se apruebe en esta comunidad por ley una renta básica.
La ILP, impulsada entre otras organizaciones por CCOO, UGT, asociaciones de fuerzas de seguridad, de ONG, en defensa de la sanidad pública, educación, de consumidores (FACUA), de periodistas, de vecinos (CAVA), Primavera Andaluza y Andalucía Acoge, entre otras, reclama que se reconozca el derecho recogido en el Estatuto a una renta básica que garantice una vida digna y elimine el riesgo de exclusión social, según explicó la portavoz, Nuria González.
La iniciativa registrada necesitará de 40.000 firmas para poder ser defendida en el escaño 110 del Parlamento, si bien luego requerirá del voto de los diputados de los partidos para salir adelante.
Coincide que el Parlamento constituyó un grupo de trabajo hace un año para debatir una propuesta sobre la renta básica, pero todavía no hay dictamen. En opinión del secretario regional de CCOO, Francisco Carbonero, los partidos están dando largas porque no quieren abordar algo que les comprometería por ley. IU, formación que impulsó la creación del grupo de trabajo, coincide con el PSOEen que la renta básica como derecho universal debe partir del Gobierno central, como en su día la ley de Dependencia, ya que la Junta no sería competente para ello.
Lo que propone la plataforma no entra en cuestiones de competencias. Se aleja en realidad de la propuesta de renta básica universal que defiende Podemos, pero quiere ir más allá del actual salario social o Ingreso Mínimo de Solidaridad, una renta de 400 a 645 euros que la Junta de Andalucía concede a familias sin recurso alguno. El pasado año 55.000 personas accedieron a este salario social.
Lo que propone esta ILP es que por ley se garantice no tanto una cuantía que se decidirá en cada caso sino la articulación de medidas para un plan de inclusión que ponga de acuerdo a todas las administraciones y se garantice que no haya ninguna familia en situación de emergencia social por no poder pagar la luz, el agua o comprar comida. «Venimos a decirle a nuestros gobernantes que ya está bien de mirar para otro lado», dijo López.
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