Alaya investiga ya una decisión del Gobierno de Susana Díaz

La jueza pregunta a Anticorrupción si la Junta debe ser expulsada como parte personada en el caso ERE

LALIA GONZÁLEZ

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga por primera vez en una decisión del Gobierno de Susana Díaz, dentro del caso de los cursos de formación. Alaya ha reclamado el acta del Consejo de Gobierno que aprobó la disolución de tres consorcios escuelas, el pasado 28 de enero, los denominados 'Forman', en el PTA de Málaga; 'Formades' de Almonte (Huelva) y 'CTI', de San Fernando (Cádiz).

Alaya reclama también las actas del 'consejillo' que se refieren a la disolución de estos tres consorcios, previos al Consejo de Gobierno, y todos los informes en relación a estos y todos los existentes.

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La magistrada indaga además en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), todos cuyos cursos ya instó a la Junta a que entregue a la Guardia Civil. Alaya da 20 días a la Junta para que emita informe detallado de todos los expedientes en que la Faffe ha actuado como agente externo, indicando «fecha, importe de la subvención, entidad beneficiaria y rendimientos económicos obtenidos en cada caso», desde 2003 en adelante.

La jueza pide que se incorpore a la causa el informe de fiscalización que la Cámara de Cuentas emitió en abril de 2013, sobre las subvenciones concedidas a los consorcios escuelas en 2008 y 2009.

Además, requiere al Servicio Andaluz de Empleo el organigrama que establecía la estructura de la Faffe desde 2003, con todos sus cargos directivos, de las oficinas centrales y de las gerencias provinciales.

Fuera de la causa

Además, ayer se notificó una providencia de Mercedes Alaya en la que solicita a la Fiscalía Anticorrupción que se pronuncie sobre la petición realizada por el sindicato Manos Limpias para que la Junta de Andalucía sea expulsada del caso de los ERE fraudulentos. El Gobierno autonómico está personado como acusación, pero llama la atención que Alaya curse ahora esta consulta, en lo que se interpreta como un claro intento de expulsar a la Junta de la instrucción, cuando Manos Limpias lo ha pedido «hasta la saciedad», dijeron fuentes de este colectivo de funcionarios, la última vez el 12 de julio de 2013, cuando reiteró una petición del 4 de abril de 2011.

La providencia da cinco días de plazo tanto a la Fiscalía como a las partes personadas para que «aleguen lo que a su derecho convenga». Cuando acabe el plazo «se acordará lo procedente».

Manos Limpias había considerado «inaudito» que la Junta a la vez que se considera perjudicada «supuestamente», mantenga una actitud «de defensa de los imputados» y «obstruccionista», e incluso pide que sea considerada responsable civil subsidiaria de los delitos imputados.

En la misma providencia, Alaya dice que pedirá al Congreso que informen sobre la condición de aforado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, «estando prevista en un futuro cercano la solicitud de imputación».

Asimismo, Alaya ha confirmado el embargo del exconsejero Martín Soler, imputado en la causa de los ERE, para cubrir una fianza civil de 4 millones de euros.