La Junta da el primer paso para apartar a Alaya de la causa de los cursos de formación

La Junta de Andalucía ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla solicitando de su titular, Mercedes Alaya, la anulación de las actuaciones hasta ahora realizadas en la causa que sigue sobre los cursos de formación por entender que vulneran el principio del derecho al juez natural, lo que podría invalidar la investigación del supuesto fraude, dejar sin castigo a los responsables y sin la devolución del dinero a la Junta.

Se trata del primer paso dado por la Junta, personada como acusación, para apartar a la magistrada del caso de los cursos de formación, que otra docena de jueces al menos investigan en Andalucía. Alaya ya ha mostrado su intención de acaparar todas las investigaciones, ordenando incluso a la Dirección General de la Policía que deje de realizar pesquisas para los citados jueces, entre ellos el del 'caso Edu' de Málaga.

Los letrados argumentan que Alaya no es la competente y sostienen en su escrito artimañas de la magistrada, sin mencionarlo de esta forma, para quedarse con la macrocausa. Alaya sostuvo al abrir en marzo diligencias sobre formación que estas partían de la declaración del funcionario Teodoro Montes a la Guardia Civil (agosto de 2013), como consecuencia de la investigación del sumario de los ERE. Este mes ha rectificado y justifica que parten de la pieza abierta a las empresas de Juan Lanzas (uno de los cabecillas de la trama ERE), que también se beneficiaron de cursos de formación.

Los letrados tratan de desmontar esta teoría. Recuerdan que Montes confesó que fue el juzgado de Alaya el que le envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Opinan que el funcionario actuó bien, pero no el juzgado, ya que debió remitirlo a la Fiscalía o al Juzgado de Guardia para el reparto posterior según la ley. También cuestiona que la UCO remitiera el atestado a Alaya. Desmontan que las declaraciones de Montes sobre irregularidades en la gestión de los cursos tuvieran nada que ver con los ERE ni con las empresas de Lanzas, a quien no menciona nunca.

Para los abogados de la Junta el juzgado de Alaya «se ha avocado el conocimiento de la presente causa, vulnerando normas procesales con incidencia competencial», lo que su pone que ha «sustraído indebida e injustificadamente» el conocimiento de los hechos al juzgado que le pudiese corresponder. Añaden que la «violentación» de las normas competenciales ha generado inseguridad jurídica o «anarquía competencial y procesal» que puede conducir a la indefensión de imputados.

Agregan, como ya denunciaron en el caso de los ERE abogados de varios imputados, que Alaya intenta hacer una causa general «prohibida por la ley», como desvela que haya pedido, entre otras actuaciones, toda la documentación de los cursos de formación desde 2001 para someter a «un exhaustivo examen» por parte de la UCO a la actuación administrativa de toda una comunidad durante diez años, lo que es calificado de «inquisición general».

Una de estas indagaciones «exageradas», pero relacionada con el caso de los ERE, ha sido la petición de todas las actas desde 2001 a octubre de 2012 de los Consejos de Viceconsejeros o consejillos, reuniones previas a los Consejos de Gobierno que preside el consejero de Presidencia. La Junta le ha enviado las actas (4.000 folios) al mismo tiempo que las ha colgado en la web oficial, un hecho sin precedentes en España que se entiende como un gesto de transparencia. «No tenemos nada que ocultar», manifestó el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez.

Recurso de apelación

Los letrados han presentado un recurso de apelación para que la jueza revoque el auto en que pide las actas, pero no por este hecho en sí, sino por considerar que la Junta vulnera competencias estatales al conceder ayudas sociolaborales, única razón que encuentra en las otorgadas en 2011 y 2012 para darle carácter penal. Recuerda la Junta que la magistrada no es competente para dilucidar sobre las competencias autonómicas, sino el Tribunal Constitucional, y a petición del Estado. En el caso de las ayudas, nunca las ha recurrido. Piden, en consecuencia, que la magistrada corrija su «autoinvestidura» en juez constitucional.

Ambos escritos se enmarcan en una guerra soterrada entre la jueza instructora y el Gobierno andaluz con un incremento de tensión en los últimos días. Esta es la primera respuesta de la Junta, después de que Alaya haya dirigido su investigación de los ERE y cursos hacia Susana Díaz, como antes lo hizo con Griñán y Chaves, pese al poco tiempo de aquella en el Gobierno.