Luciano Alonso comparecerá en una comisión urgente sobre formación

La explicación de Luciano Alonso fue objeto de una larga negociación el día anterior entre PSOE e IU, a iniciativa de esta última formación, que forzó a sus socios de Gobierno a no presentarse ante la Diputación Permanente sólo para rechazar las dos peticiones del PP. Se trataba, por una parte, de atender la repercusión del caso ante la opinión pública pero también de abordar el asunto en sede parlamentaria antes del próximo debate del estado de la comunidad, que se celebrará posiblemente el día 17, para evitar así que la corrupción capitalice la sesión.

De este modo, la comisión de Educación, que se reunirá el lunes para programar los trabajos, decidirá la fecha de la comparecencia de Alonso, que podría producirse el jueves.

PSOE e IU pidieron una sesión «extraordinaria, monográfica y urgente», dada la «gravedad del caso y la inquietud social», dijo el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, a fin de que la Junta informe sobre la situación de la investigación de los expedientes que están siendo revisados. Mejor en comisión que un pleno extraordinario, dijo, pues éste se celebraría en cualquier caso más tarde, ya que las sesiones plenarias ordinarias se reanudan el día 10. El Consejo de Gobierno también ha registrado una petición en este sentido.

IU presumió de que su presencia en el Gobierno marca la diferencia y pidió al PP que deje de mirar hacia atrás, «hacia un pasado que a todos nos abochorna» y se enfoque hacia el futuro. A juicio de Castro, si hay problemas «no será del Gobierno actual, sino del pasado y del PSOE», aunque se dijo «muy preocupado porque se está demostrando una manera de gobernar insostenible». El portavoz de IU no mencionó la posibilidad de pedir una comisión de investigación.

En su turno el portavoz socialista, Mario Jiménez, arremetió contra el PP, para considerar que «desde que Arenas gobierna de nuevo» en el partido se ha acabado la intención de Juanma Moreno de no centrar su labor en la corrupción. Jiménez preguntó al portavoz del PP, Carlos Rojas, si cuando era alcalde de Motril y recibió la comunicación de la exceptuación de los cursos que impartió, «salió corriendo a denunciar o lo consideró una opción administrativa».

Le respondió Antonio Sanz, portavoz adjunto, para quien la publicación de la lista de exonerados es una estrategia para ocultar la corrupción. «A los delitos le llaman transparencia», dijo.

Más que hace un año

Aseguró que «hace un año había menos corrupción de la que hay hoy» y llega ya «a la puerta del despacho de Susana Díaz». Andalucía está «manchada hasta las trancas de corrupción» y se trata de una «trama organizada por el PSOE para beneficiarse del dinero público con la complicidad de la Junta», afirmó.

La Diputación Permanente rechazó el pleno sobre los cursos por 8 votos a 7, como lo hizo con la segunda petición del PP, referida a la elevación del caso de los ERE al Supremo. Castro, de IU, replicó a Sanz que no se cree «ni harto de whisky» que haya ahora más corrupción que hace un año y rechazó que «cada auto de Alaya marque la agenda institucional», aunque sí lo haga con la del PP. También se opuso Mario Jiménez, para quien el PP quiere convocar el Parlamento en «sala paralela del Juzgado número 6» y pidió respeto para la presunción de inocencia de Chaves y Griñán.

Carlos Rojas, por el PP, insistió en el mantra de su partido, que Susana Díaz «dé la cara» y consideró que el que los responsables de 23 años de Gobierno en Andalucía estén relacionados con el sumario ERE es tal escándalo que la comparecencia de la presidenta debería haberse producido ya. Insistió en relacionar a Díaz con el caso, porque «lo sabe todo el mundo», como secretaria de organización y por su cargo en el partido en Sevilla.