Andalucía seguirá suministrando los medicamentos contra la hepatitis C

El Ministerio está negociando con los laboratorios que comercializan este fármaco, Gilead, para fijar un precio para la financiación pública de este principio, cuyo nombre comercial es Sovaldi.

La polémica parte de la discrepancia de los enfermos con el acuerdo alcanzado por el departamento que dirige Ana Mato el pasado julio, por el que se financiará una nueva terapia perteneciente a una nueva familia de fármacos de última generación para combatir este virus, el simeprevir (comercializado por Janssen como Olysio).

Los enfermos, que se organizan en una plataforma a nivel de toda España, dicen que muchos no toleran este fármaco, que Sanidad ha seleccionado porque alcanza una eficacia de hasta el 92% en pacientes con el genotipo 1 y 4, combinado con otros medicamentos.

El coste del simeprevir es de 25.000 euros por tratamiento respecto al cual muchos enfermos denuncian que no están recibiendo sus dosis. Muchos no lo toleran, en especial quienes sufren fibrosis o cirrosis asociadas o tienen un bajo nivel de plaquetas.

De ahí que reclamen la adquisición de este otro fármaco, el sofosbuvir, por el que el laboratorio Gilead pidió inicialmente 180.000 euros. Ahora Sanidad negocia a fin de rebajar el precio y un portavoz ha indicado que confía llegar a un acuerdo definitivo en las próximas semanas, según la agencia Europa Press: «El compromiso último del Ministerio es que todos los pacientes tengan acceso a todos los medicamentos de última generación que necesiten», dijo. Mientras, el fármaco puede importarse como medicamento extranjero en pacientes muy graves que no tienen alternativa terapéutica, con autorización de un comité de expertos y la comunidad donde esté siendo atendido el paciente, que es quien debe costearlo.

De este modo, la consejera andaluza se ha comprometido con las asociaciones de enfermos de hepatitis C, entre ellos la Asociación Andaluza de Transplantados Hepáticos (AATH) a que, con independencia de que finalicen los acuerdos entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el laboratorio que comercializa uno de los medicamentos y que finaliza el 31 de agosto, «se seguirá solicitando la autorización de importación de la Aemps para cuantos tratamientos sean necesarios siempre que cumplan los criterios de uso».

Sánchez Rubio considera «intolerable» que algunos laboratorios pretendan «hacer un negocio más con la salud», intentando imponer «precios inaccesible a las personas y a los gobiernos por tratamientos que podrían tener un coste mucho menor».