Magdalena Álvarez dimite del BEI forzada por el caso de los ERE

La que también fuera ministra de Fomento se va pero lo hace a su estilo, peleando. Acusó al Gobierno del PP de acosarla políticamente y de presionar para que el consejo de administración del BEI la destituya. «Dimito no porque esté imputada, sino porque el señor De Guindos y el señor Rajoy tendrán a otra persona que querrán poner en mi sitio», espetó ayer en alusión al ministro de Economía y al presidente del Gobierno español.

El consejo de administración del BEI había aplazado a una reunión de julio qué decisión tomar sobre Magdalena Álvarez, después de que los gobiernos de España y Portugal, que propusieron su nombramiento en 2010, forzaran una discusión del mismo sobre la situación de la vicepresidenta del banco una vez que la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó en mayo su imputación en el 'caso ERE'. Esta discusión tuvo una primera reunión el pasado 4 de junio, en la que Lucinio Muñoz, representante alterno de España en el BEI, defendió que Álvarez debe abandonar su puesto al entender que su presencia en el alto puesto siendo imputada supone un «riesgo reputacional» para el BEI. El banco informó en un comunicado entonces de otra reunión en julio para debatir «cualquier riesgo para la reputación» de la entidad pública europea con sede en Luxemburgo.

Asumir responsabilidades

Magdalena Álvarez se ha adelantado a esta reunión del BEI y ha hecho lo que el ministro de Economía, Luis de Guindos, le ha venido pidiendo de forma sutil varias veces, que asumiera responsabilidades, es decir, que dimitiera, aunque nunca lo verbalizó de esta forma. La exministra lo contó de otra manera a la periodista Pepa Bueno en la 'SER'. Dijo que el Gobierno ha estado buscando votos de los países integrantes del consejo de administración para forzar su destitución. «Yo, cómo voy a someter a mi país a ese ridículo», se preguntó. «Mi dimisión no tiene nada que ver con mi situación de imputada, lo hago porque todo tiene un límite y la manipulación y acoso del Gobierno no solo hace mella en mi, o en el banco, sino que hace mella sobre todo en España», agregó.

La salida forzada de Álvarez trunca una carrera brillante de una inspectora de Hacienda licenciada en la Universidad de Málaga que fue subiendo peldaños poco a poco en la política. Fue consejera de Economía y Hacienda en los gobiernos de Manuel Chaves desde 1994 a 2004, para luego pasar a ser una de las ministras de José Luis Rodríguez Zapatero en el primer gobierno paritario de la democracia. Como ministra de Fomento culminó el AVE a Málaga y a Barcelona. Zapatero la promocionó para vicepresidenta del BEI, en el que ella misma presumió ayer de haber hecho una gestión brillante incluso en el año que ha estado imputada.

Aún le quedaban dos años en un cargo con un sueldo de 22.963 euros brutos mensuales. El enojo de Magdalena Álvarez es grande y se vio en cada una de sus declaraciones de reproche al Gobierno del PP. Álvarez, que comunicó su decisión al comité directivo del BEI en un almuerzo el martes, insiste en que la imputación no es la razón de su marcha porque el Gobierno del PP incluso la respaldó hace un año cuando fue imputada por Alaya. Desveló que ella misma llamó a Luis de Guindos entonces y que el ministro le tranquilizó y le dijo «ya sabemos lo que es esto». Recordó que Rajoy negó que se le pidiera que dimitiera.

Entiende que la razón por la que el Gobierno del PP ha cambiado es por otros intereses ajenos a la causa de los ERE. «La imputación es una buena excusa que no encaja cronológicamente», declaró. Apeló a casos similares a los suyos, como el de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, a la que el Gobierno español, apostilla, no ha pedido la dimisión. «El PP quiere el puesto para otro, sus maniobras me dan hasta miedo», enfatizó en un tono muy duro.

La jueza Alaya imputó a Magdalena Álvarez junto a otros 19 cargos y excargos de la Junta de Andalucía en un auto de justo hace un año este final de junio. Alaya acusa a Álvarez de ser la promotora o «artífice» junto con otros del procedimiento de las transferencias de financiación con el que se pagó las ayudas sociolaborales y subvenciones a empresas que la jueza considera ideado de forma ilegal para escapar a los controles y a la fiscalización previa. Álvarez declaró en dos ocasiones ante Alaya, en octubre y noviembre, debido a que la Audiencia de Sevilla obligó a la magistrada a concretar la acusación contra la exconsejera y anuló su primera imputación.

Abogado de prestigio

Desde un primer momento Álvarez presentó batalla para defender su inocencia. La defiende uno de los abogados de gran prestigio en España, Horacio Oliva, hermano del que fuera consejero de Trabajo de la Junta Francisco Oliva. Ayer insistió en que no está imputada por el mal uso del dinero público, sino por haber autorizado una partida presupuestaria que luego, por un procedimiento mal utilizado, fue objeto de fraude. En este sentido, Álvarez ha vuelto a responsabilizar de la aprobación de la partida y del procedimiento presuntamente fraudulento para pagar los ERE a la Consejería de Empleo. «Tengo tanta responsabilidad de meter esa partida en el Presupuesto como de matar a Kennedy, yo no era competente para ello», explicó.

La jueza Mercedes Alaya le ha impuesto una fianza civil de 29,5 millones de euros, que ha sido recurrida por la exministra y por la Fiscalía anticorrupción. La jueza justifica la medida cautelar porque cabe «deducir la probabilidad cierta de que pudiera ser condenada en un futuro por los hechos que hoy se investigan». Pese a estar recurrida la fianza, Alaya ha embargado todos los bienes inmuebles de Álvarez y ha cursado petición de lo mismo sobre sus cuentas para hacer frente a dicha cantidad.

Magdalena Álvarez no solo defiende con fiereza su inocencia, sino que está convencida de que tarde o temprano la Justicia le dará la razón. «Espero que el PP actúe con la misma virulencia cuando me exculpen y me guarde el sitio», dijo con acritud. Ahora pedirá su incorporación a su puesto como inspectora de Hacienda.