Exdirectivos del Puerto califican de «habitual» la irregularidad investigada

Para el juez, que ha dado por válida la decisión de la Autoridad Portuaria de prescindir de los servicios del investigado tras casi veinte años de contrato, ha quedado demostrado que autorizó que el pago de unidades de obra por encima de las realmente ejecutadas, en lo relativo a los pilotes que soportan el atracadero, para compensar el exceso de costes en otra parte de los trabajos.

Ese exceso de precio fue cuantificado por la empresa Sando, que realizó los trabajos hace cuatro años, en 1.124.370 euros. Sin embargo, la constructora llegó a un acuerdo con el ingeniero despedido para cobrar únicamente la cantidad de 447.000 euros falsificando otras unidades de obra, es decir, haciendo menos pilotes de los proyectados. Juan Pablo Gómez de la Fuente, el técnico expedientado, argumentó en su defensa que, de este modo, ahorraba 677.370 euros a las arcas portuarias. No obstante, con un modo de actuar que le ha costado el puesto.

Accidente fortuito

No habría sido posible descubrir todo esto si no se hubiera producido la colisión de un buque contra el atracadero, en medio de un fuerte temporal, a pocos meses de la inauguración del muelle. Las inspecciones realizadas para valorar los daños que produjo ese accidente son las que sacaron a la luz la presunta irregularidad en la liquidación de la obra.

Sin embargo, esa forma de proceder no resulta anormal para algunas de las personas que prestaron declaración en defensa del ingeniero despedido. Así, en la sentencia se recoge que el anterior director de la Autoridad Portuaria, Manuel Conde, declaró que le parecía adecuada la compensación a Sando por las obras extras «conforme a lo que manifestó ser un procedimiento habitual, aun cuando irregular, en la liquidación de obras públicas realizadas en el Puerto», señala el fallo judicial. No obstante, aseguró desconocer cómo se iba a realizar esa compensación.

En el mismo sentido, el presidente de la Autoridad Portuaria hasta 1990, Ricardo Rodríguez Baró, declaró que en su etapa al frente de la institución era «habitual», en casos de superación del presupuesto de las obras, imputar los costos extras a otras partidas mediante la posibilidad de utilizar el 10% del presupuesto de la obra. En este caso, los 447.000 euros que se pagaron a Sando por unos pilotes que en realidad no hizo no superaban ese importe para evitar la tramitación de una modificación del proyecto que, según el ingeniero expedientado, habría demorado la inauguración del atracadero.

Igualmente, en la sentencia queda de manifiesto el conflicto entre el actual director del Puerto, José Antonio Caffarena, y el despedido, que accedió a su puesto, en la etapa de Rodríguez Baró como presidente, en detrimento de Caffarena, quien también aspiraba a esa plaza.

Linde no se explica el encierro de UGT

«Esta situación no tiene sentido». Con estas palabras se refirió ayer el presidente de la Autoridad Portuaria, Enrique Linde, a la protesta protagonizada por el delegado sindical de UGT en el Puerto, Juan Antonio Triviño, que lleva desde la tarde del miércoles encerrado en la sede de la institución para reclamar que se le entregue toda la documentación sobre el despido del jefe de Infraestructuras por presuntas irregularidades en la ejecución de una obra.

Linde aseguró a este periódico que, como miembro del consejo de administración, se le facilitó tanto la sentencia del juzgado de lo Social, que ha dado parte del caso a la Fiscalía, como la denuncia que inició el proceso contra el funcionario despedido.

Triviño solicitó igualmente el expediente disciplinario que se abrió contra el demandado. Sin embargo, Linde argumentó que, por el momento, no se le puede entregar porque, según los abogados de Puertos del Estado, que estudian la petición, ello puede vulnerar el derecho al honor del expedientado.