La ley gitana obliga a 300 personas a vivir en un descampado desde hace tres meses

Desde que se produjo la huida masiva el pasado 29 de marzo, el problema en las chabolas en las que malviven se ha ido agravando por las fuertes temperaturas de los últimos días. Tras el tiroteo, que acabó con seis detenidos, se han producido varios intentos de regresar a las casas, todos ellos frustrados por la oposición de los familiares del fallecido, y esta misma semana los chabolistas han aceptado no volver, por lo menos hasta septiembre.

Con el fondo del moderno metro de Sevilla recién inaugurado, en el descampado, situado junto a la ronda de circunvalación de la ciudad hispalense, se están congregando más chabolistas que no tienen relación con los sucesos, que no pueden hacerlo cuando van en pequeños grupos porque entonces son desalojados por el Ayuntamiento. Unos mediadores de las Tres Mil Viviendas, representantes de familias «respetadas», han intervenido los últimos días para intentar solventar la problemática y para evitar una «masacre entre gitanos».

Mediación

Rafael 'El Granaíno', uno de los mediadores, lamentó que «por desgracia para los gitanos, si uno comete una falta, todos nos tenemos que ir», algo que ni los chabolistas ni los mediadores ponen en duda. Oficialmente, están interviniendo para solucionar este problema las consejerías andaluzas de Educación y la de Igualdad y Bienestar Social, la Fiscalía y el Comisionado para el Polígono Sur, que aúna a varias instituciones. La propuesta de los familiares del joven fallecido pasa por que los chabolistas no vuelvan a sus pisos de las Tres Mil Viviendas, donde sólo tres familias de las que huyeron tienen en regla la documentación de la casa, y el resto las compraron en tratos privados sin validez legal.

Una veintena de asociaciones del Polígono Sur también han pedido que estas familias no vuelvan al barrio por la elevada conflictividad que generan algunos de sus miembros.

Los mediadores insisten en que intervienen porque son «gitanos» y porque quieren que se acabe la espiral de violencia. Estos gitanos «respetables», que se desplazan a las chabolas en potentes vehículos y entre los que está el representante de la Unión Romaní, Manuel García Rondón, afirman que las administraciones, durante el verano, van a poner agua corriente en el descampado y les van a dar alimentos.

Un vehículo del Cuerpo Nacional de Policía vigila el entorno e incluso se introduce en los caminos de tierra del descampado, donde se producen las reuniones entre los mediadores en torno a un improvisado corro. Preguntadas las administraciones, sus responsables afirman que el problema «es muy complicado» y que están trabajando de forma conjunta, aunque tras 84 días aún no hay soluciones definitivas.