Los Mossos vuelven a detener al 'segundo violador del Eixample' por nuevos asaltos sexuales

Cuando el 'segundo violador del Eixample' salió en 2007 a la calle tras cumplir 16 años de cárcel de los 65 a los que fue condenado -al beneficiarse del antiguo Código Penal- todavía no se le consideraba rehabilitado, lo que suscitó un debate judicial sobre las medidas a adoptar con los violadores reincidentes. Había sido juzgado y condenado por cinco agresiones sexuales y cuatro intentos de agresión sexual a menores de entre 9 y 17 años. Durante su encarcelamiento fue sometido sin éxito a distintos programas de rehabilitación, por lo que la Conselleria de Justicia advirtió del alto riesgo de reincidencia cuando quedó libre.

Pendiente de sentencia

El pasado mes de marzo terminó de cumplir los ocho meses de cárcel que le impuso la justicia francesa por exhibicionismo. Al mes siguiente, el 16 de abril, fue juzgado por abusar sexualmente de una mujer en un tren de Cercanías en la estación de Arc de Triomf de Barcelona el 29 de mayo de 2008, aunque la víctima no pudo identificarle como su agresor por culpa de los nervios. Es el caso que está pendiente de sentencia. La Fiscalía le acusa de un delito de abuso sexual en grado de tentativa y una falta de lesiones, con la agravante de reincidencia, por lo que pide una condena de once meses y 29 días de cárcel, una orden de alejamiento de la mujer durante tres años, una multa de 720 euros y una indemnización de 424 euros.

A la salida del juicio, Singul, perseguido por un enjambre de periodistas y con el rostro cubierto, aseguró que se arrepiente de lo que hizo en el pasado y reiteró su inocencia por este último caso.

Para evitar que agresores que no se han erhabilitado queden en liberta, el Gobierno aprobó, con el consenso del PP, un anteproyecto de reforma del Código Penal que endurece las penas para los delincuentes sexuales -especialmente para los pederastas- e incluye medidas como la libertad vigilada de hasta veinte años para violadores, pederastas y terroristas reincidentes, o la no prescripción de los delitos de terrorismo más graves como los asesinatos. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) redactó recientemente un informe en el que considera que la libertad vigilada de hasta veinte años prevista para violadores, pederastas y terroristas reincidentes tiene "difícil justificación".