El presidente del Grupo Jale pide el cese de los administradores concursales

marbella. El propietario de Grupo Jale, José Antonio López Esteras, ha presentado ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz una solicitud de cese de las consultoras PricewaterhouseCoopers (PwC) y de Ernst & Young como administradores concursales de las sociedades de Grupo Jale denominadas Inverluna e Inmobiliaria Amuerga, ambas en concurso de acreedores.

Estas dos consultoras internacionales fueron nombradas administradoras concursales de Grupo Jale, propietaria de hotel Incosol, por haber sido cesados los anteriores, «y ahora es conocido que ambas consultoras son a la vez auditores de cuentas de Banco Popular Español y Banco Sabadell», según consta en los escritos presentados ante el juzgado, a los que ha tenido acceso este periódico .

López Esteras considera que «los intereses cruzados entre los bancos citados, las firmas auditoras de los mismos y la labor funcional como administradores concursales suponen unas relaciones jurídicas directas e indirectas que superan el diez por ciento de la masa pasiva prevista como límite por la Ley Concursal para la recusación de los administradores concursales, que en este caso superan los 150 millones euros de los 380 millones del total de la deuda».

Además en las dos demandas incidentales presentadas en el Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Cádiz, se les reprocha inactividad en lo que se entiende «debiera ser actuación tendente a incrementar la masa activa de las concursadas y por tanto mejorar las expectativas de cobro de los demás acreedores».

Las fuentes han recordado que los anteriores administradores concursales «fueron cesados a petición de López Esteras, por haber cobrado más de cinco millones de euros de Honorarios, a razón de casi 300.000 euros mensuales, en contra de lo establecido por los autos judiciales».

En este caso «se relatan cifras mucho más altas, pues de los más de 700 millones que suponían los activos en los informes de los administradores cesados y que suponían una aprobación de la propuesta del convenio».