La Almoraima, un paraíso a subasta

Las súplicas de los vecinos de Castellar, un pueblo de 3.200 habitantes de la provincia de Cádiz, los lamentos de los ecologistas, la oposición de la corporación municipal en bloque y la mediación de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no han conseguido ablandar al ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de renunciar a la venta de la hacienda.

El ministro confió a la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, el pasado miércoles que hay fortunas extranjeras interesadas en la compra, aunque no desveló cuales. Arias Cañete también confirmó a la consejera su rechazo a que la administración andaluza gestione la finca, con aprovechamientos en corcho, cinegéticos, ganaderos y turísticos.

La Junta puede ejercer el derecho de retracto en la subasta y quedarse con ella, pero la administración andaluza no está en condiciones económicas de realizar tal gasto. Además la Junta ya gestiona otra finca de 229 hectáreas de su propiedad en Castellar, Majarambú, que también pretendió vender junto con otras 25.000 hectáreas de terreno agrícola de otras provincias solo tres años atrás. Ahora, con IU en el Gobierno, la política del PSOE es distinta y ha cedido al objetivo izquierdista de un banco de tierras.

El caso de La Almoraima es especial por su alto valor ecológico, ya que un 90% de la finca está dentro del parque natural Los Alcornocales. Dejar que pase a manos privadas un patrimonio natural de tal extensión escuece a PSOE e IU, que han intentado sin éxito que el Congreso de los Diputados se pronuncie en contra de la venta. El Parlamento andaluz, donde tienen mayoría, sí lo hizo, pero su petición es testimonial ya que la decisión es del Gobierno del PP.

La presidenta andaluza, Susana Díaz, defendió esta semana una política medioambiental en la que no habrá «discursos bonitos, pero en la práctica insostenibles». Sin embargo, también advirtió de que no consentirá «procesos especulativos» en La Almoraima, la playa de Valdevaqueros en Tarifa y el Cabo de Gata donde está aun en pie el hotel el Algarrobico.

Resort de lujo

Su mensaje al incluir La Almoraima entre los lugares 'intocables' iba dirigido al ministerio de Cañete, que para tentar a los posibles compradores ha diseñado un proyecto de futuro para la finca basado en el turismo de lujo. Aunque las condiciones de la subasta no se conocen hasta que no se publique en el Boletín Oficial del Estado, la gestora de La Almoraima, Isabel Ugalde, ha informado de un plan especial de ordenación de usos de La Almoraima para convertir esta en un 'resort' o complejo turístico de lujo, con un hotel de cinco estrellas, un campo de golf, otro de polo y un aeródromo para los adinerados que quieran disfrutar también de la caza mayor, una de las actividades que dan beneficios en la actualidad.

La propuesta de modificación de uso del terreno afecta al 10% que no es parque natural, aunque también propone el uso turístico de los 11 cortijos o casas de guarda que hay en el bosque protegido.

Cañete puede vender la finca, pero el plan debe aprobarlo la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Castellar, cuyo alcalde Juan Casanova, de IU, fue elegido en 2011 con el voto de la única diputada del PP. Esto no le ha supuesto ninguna traba para defender a capa y espada la no privatización de La Almoraima. Casanova acepta que se mejore la gestión de La Almoraima, que pese a su enorme potencial apenas da trabajo a un centenar de vecinos de Castellar, la mitad contratados fijos y el resto temporales.

Propone una mejor explotación del corcho, con industrias derivadas y biomasa de sus restos para energías renovables. Pero ve con temor que «se levanten muros» en la ahora propiedad pública y que esta se convierta en un «pelotazo urbanístico», según dijo a este periódico.

Teme el alcalde que se vuelva al origen, cuando la extensión y casi todo el pueblo era propiedad del ducado de Medinaceli, cuyo titular en 1445, Juan Saavedra, lo recibió en compensación por su conquista a los musulmanes. Curiosamente, una de las fortunas interesadas es de un potentado árabe.

La finca fue adquirida en los setenta por Rumasa. Felipe González medió para que los Ruiz Mateos cedieran al Ayuntamiento la dehesa el Boyal, considerada históricamente terrenos de propios del municipio. El Ayuntamiento le nombró hijo predilecto. En 1983 su gobierno expropió Rumasa y la finca pasó a titularidad estatal.