El futuro Gobierno y la sombra de los ERE

Es cierto que Susana Díaz no tiene ninguna vinculación con los gobiernos en los que se produjo el fraude en la Consejería de Empleo, pero sí debe decidir sobre quiénes sí tuvieron dicha vinculación. Por ahora el máximo cargo en activo de la Junta imputado es su viceconsejero de Presidencia, Antonio Lozano. Lo es en calidad de exdirector general de Presupuestos siendo consejero de Hacienda José Antonio Griñán. Está citado a declarar ante Alaya el próximo día 17 de septiembre si no prospera el recurso que ha planteado ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

Para entonces Díaz ya habrá dado a conocer los miembros de su gabinete. Lozano lleva más de una década en el núcleo de la segunda fila del Gobierno andaluz, primero con Chaves, luego con Griñán y se esperaba que siguiera con Susana Díaz. Es uno de los grandes muñidores de acuerdos y como viceconsejero de Presidencia lleva el peso de las relaciones con Izquierda Unida. Es también un gran conocedor de los asuntos económicos.

El tifón de los ERE puede acabar con su carrera política si la Audiencia de Sevilla decide mantener su imputación. Izquierda Unida le obligará a dimitir o a Susana Díaz a no contar con este político versátil y de gran valía, más técnico que político en realidad.

Igual suerte pueden correr Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila. No están imputados, pero dado el giro excluyente de Alaya en su auto con los aforados (ambos lo son por ser diputados y miembros del Gobierno), todo hace prever que en un futuro pueda proponer que lo sean.

La decisión sobre su futuro político dependerá de si Susana Díaz decide que no haya nadie vinculado al pasado en su ejecutivo que pueda ser torpedeado por los ERE o evitar prescindir de sus valías.

Decida lo que decida, la sombra de los ERE se seguirá sintiendo sobre el Gobierno de la Junta a la vuelta del verano.