Los recortes en dependencia elevan a más de un año la espera para obtener valoración

El Colegio de Trabajadores Sociales de Málaga denuncia que el tijeretazo y la aplicación del Decreto Ley del 13 de julio que reordena la Ley de Dependencia han provocado que el tiempo de espera para ser valorado se demore hasta más de un año en Andalucía. Así, solo desde que una persona presenta la solicitud hasta que obtiene un dictamen con el grado que le corresponde, pueden transcurrir más de doce meses.

A fecha de diciembre de 2012, la Junta de Andalucía acumulaba más de 37.200 expedientes sin respuesta, según indica Rafael Arredondo, presidente del colectivo profesional, que hizo ayer balance del último ejercicio en los servicios sociales. En enero del pasado año esta cifra era de 32.200 expedientes, es decir, que se ha incrementado en 5.000 más a pesar de que el total de peticiones ha caído en 10.000.

Unos plazos muy alejados de lo que marcaba inicialmente la ley, que establecía un máximo de seis meses desde que se realizaba la solicitud hasta que el beneficiario recibía la prestación, pasando por la valoración, la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y la autorización final por parte de la Junta. Ahora, solo en el primer paso, el proceso tarda el doble. Sin embargo, entra en los nuevos márgenes que establece el decreto, que aumenta el tiempo a dos años y medio, y elimina la retroactividad de los pagos si no se cumplen los plazos.

Se trata de un nuevo limbo de la dependencia que se suma a otro: el de las personas ya valoradas y con derechos reconocidos dentro de los grados en vigor y que sin embargo siguen a la espera de que se les dé la prestación. Según los datos del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) de las 250.194 beneficiarios de la ley en Andalucía, solo 192.662 están recibiendo una ayuda, es decir, que 57.662 personas se encuentran a la espera de este servicio.

Fallecimientos sin prestación

A esto hay que añadir las cien mil personas valoradas dentro del Grado 1, cuya entrada en vigor se ha demorado hasta julio del año 2015. «Debido a la edad de muchas de estas personas, tememos que más de 5.000 nunca lleguen a recibir ninguna ayuda, porque fallecerán en esos dos años y medio de demora», asegura Rafael Arredondo. En la provincia, 30.412 personas ya reciben alguna prestación y unas 7.400 están valoradas dentro del Grado 1, según los últimos datos ofrecidos por la Delegación de Igualdad y Bienestar Social.

Arredondo alerta también de que los beneficiarios han caído en dos mil personas entre enero y diciembre. De 194.877 se ha pasado a 192.532 en Andalucía lo que, a su juicio, demuestra que ni siquiera se está manteniendo la tasa de reposición, es decir, que no solo no se incorporan nuevos beneficiarios sino que las plazas de las personas que dejan una prestación por fallecimiento o por cambios en su salud no se están cubriendo.

Demolición de la ley

Una realidad que confirman también desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que advierten de que en diez comunidades ni siquiera se cubren estas bajas. La asociación también ha hecho balance estos días sobre lo que denominan «una demolición controlada de la Ley de Dependencia».

José Manuel Ramírez, presidente de la entidad, recuerda que la Ley de Dependencia sufrió en 2012 un recorte de 835 millones de euros por parte del Gobierno central, eliminando la aplicación del nivel acordado, reduciendo un 15% el nivel mínimo de financiación, y empujando a la Comunidades Autónomas «al abismo» ante la imposibilidad de seguir prestando los servicios y pagando las prestaciones.

Calculan que las aportaciones del Ministerio no llegan al 25% del total de los costes y para el año 2013 no llegará al 20%. «Resulta una canallada dejar en la estacada a cientos de miles de personas en situación de dependencia y a sus familias», opina. A esto se añade la reducción a los cuidadores familiares la cuantía de las prestaciones económicas en un 15%, además de dejar sin cotización a la Seguridad Social a los cuidadores.