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A. SALAZAR
Jueves, 11 de octubre 2012, 03:23
El Plan Concertado para financiar los servicios sociales básicos ha visto reducida su aportación por parte del Gobierno en un 67% en dos años en la provincia de Málaga. Así lo denuncia la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que apunta a que entre 2012 y 2013 el Gobierno central recortará su parte en 1,698 millones de euros. «Esto se traduce en que se despedirá a 53 trabajadores sociales en Málaga o a 363 auxiliares de ayuda a domicilio o se dejarán de dar 4.245 ayudas de emergencia, que son las que se dan a las familias en situación de máxima vulnerabilidad», estima José Manuel Ramírez, presidente de la asociación.
El Estado se encarga de aportar aproximadamente un 16% del total del Plan Concertado, mientras que la Junta de Andalucía pone un 30% y el resto recae en los ayuntamientos. «Ahora hay que ver si la Junta trasladará el recorte en los presupuestos de 2013 a su parte del Plan Concertado», añade Ramírez, quien asegura que el impacto es muy significativo porque afecta a los hogares con más necesidades. «Los Ayuntamientos se van a ver en la tesitura de que no tienen más remedio que suplir los recortes de las otras administraciones, porque ya tienen los compromisos adquiridos con los beneficiarios», continúa.
Rafael Arredondo, presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga asegura que la situación actual en los servicios sociales es difícil y que temen que los recortes empeoren aún la situación precisamente cuando más ha aumentado el número de usuarios.
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