El ambiente de crispación del pleno llegó a tal punto que un grupo de manifestantes zarandeó el coche oficial del alcalde

Minutos antes, y en el Salón de Plenos, el alcalde ya se vio obligado a suspender la sesión. Enfrente estaban los estibadores del puerto pidiendo el soterramiento de la línea férrea para relanzar el tráfico de mercancias, trabajadores de los talleres de Renfe en Los Prados reclamando al Gobierno participar en la construcción de los trenes AVE de Arabia Saudí, los conductores de la empresa de ambulancias Manuel Pasquau, que realiza servicios para el SAS y que están en huelga por el retraso de sus nóminas e incluso los vendedores de flores de la Alameda. Aunque los que más se hicieron oír tanto en los pasillos del Ayuntamiento como en la calle al grito de «¡No a los recortes!» y acusando al alcalde de «acabar con las familias» fueron los empleados municipales -mayoritariamente policías locales y bomberos- en protesta por la merma para sus bolsillos que traerá consigo el plan de ajuste que ayer aprobó el equipo de gobierno del PP con los votos en contra de PSOE e IU y con el que se pretende poner freno a la elevada deuda del Consistorio.

Un endeudamiento que asciende a 822 millones de euros, pero que no impidió a la concejala de Economía, María del Mar Martín, remarcar «la solvencia» de la Administración local. «No hay déficit, sino una deuda como cualquier entidad o empresa que invierte. Lo importante es la transformación que ha experimentado Málaga en los últimos años», destacó. Igualmente, De la Torre calificó el plan de ajuste de «muy positivo» con el argumento de que «supone seguir pagando a proveedores, el mantenimiento del empleo, la moderación fiscal y garantizar los servicios públicos», además de asegurar que la tijera a funcionarios, laborales e interinos se ha negociado con los sindicatos. «El acuerdo está y las actas también, aunque después los sindicatos tengan que expresarse», recalcó.

Críticas de la oposición

Donde tampoco cambiaron su discurso fue en la bancada de la oposición. Por los socialistas, José Sánchez Maldonado fue el encargado de poner de manifiesto su negativa a que «los trabajadores públicos tengan que pagar la mala gestión del equipo de gobierno», además de reprocharle al primer edil que las medidas para lograr la estabilidad presupuestaria «deberían haberse consensuado entre todos». En este sentido, su portavoz, María Gámez, tiró de trabalenguas: «Mientras no ajusten donde deben no apoyaremos que ajusten donde no deben». Por su parte, el portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes -después de ceder su turno de palabra a representantes de policías locales y bomberos que exigieron la dimisión del alcalde- le echó en cara al regidor municipal que el plan de ajuste «no sería necesario si se hubieran evitado el fiasco del Museo de las Gemas o los sobrecostes en proyectos como el Thyssen y la Gerencia de Urbanismo», además de recordar que la «austeridad también pasa por la reducción de altos cargos y personal de confianza».

Como era previsible, la segunda gran polémica de los últimos días también se coló de lleno en el Salón de Plenos. El plan de choque de Limasa para limpiar las aceras con detergente no satisfizo a los ediles de la oposición. Incluso, Moreno Brenes hizo gala de su habitual ironía para recomendar que «más que detergente, utilicen cianuro para quitar la suciedad de tantos años y, si acaso, que vayan acompañados por un arqueólogo por si aparecen algunos restos».

Mientras, en el PSOE se tuvieron que conformar con que el PP únicamente respaldara cuatro de sus once exigencias sobre la limpieza en la ciudad, relativas a realización de campañas de concienciación, la intensificación de la vigilancia para evitar los malos hábitos ciudadanos y la elaboración de un informe sobre las necesidades de la capital. De la auditoría de gestión solicitada y la dotación de más recursos humanos, nada de nada. En este sentido, De la Torre, como previamente hicieron los otros grupos municipales, salió en defensa de los operarios de Limasa, aunque reconoció que «siempre se puede mejorar». En cualquier caso, se reiteró en que «tan importante como limpiar es mantener limpio lo que se ha limpiado, y hay una pequeña parte de la población que no lo hace».

En lo que sí que hubo unanimidad fue a la hora de instar a la Junta de Andalucía a que salde la deuda de 5,4 millones de euros que se va acumulando desde 2008 con el Instituto Municipal de Formación y Empleo (Imfe). Se trata de 2,6 millones correspondientes a programas ya ejecutados y otros 2,8 como anticipos para iniciativas que aún no han podido comenzar. Además, la Administración autonómica también debe otros seis millones a academias.