El Consistorio acude a la vía judicial para recuperar el recinto

Un equipo de gobierno que había dado de plazo hasta hoy a la concesionaria para que abandonase la antigua fábrica de Tabacalera. Y la jornada previa a la expiración del ultimátum municipal fue un fiel reflejo de cómo se han desarrollado los acontecimientos en relación con este enconado conflicto. Comunicados al filo del plazo, declaraciones cruzadas y un mar de fondo que deja, si cabe, un poco más enturbiado el futuro uso de un espacio que ronda los 20.000 metros cuadrados y cuya rehabilitación ha supuesto una inversión pública cercana a los 20 millones de euros.

Durante el día de ayer se pronunciaron el alcalde Francisco de la Torre, el concejal de Cultura Damián Caneda y Royal Collections; esta última, a través de una misiva al Ayuntamiento. El resultado fue que la disputa sigue su curso. Hoy se cumple el, a priori, último plazo administrativo y el desalojo de Tabacalera enfila el camino de los juzgados.

De la Torre argumentó ayer: «Iremos de la mano de la Asesoría Jurídica en los pasos siguientes. Esperaremos un día o dos más por si llega algún documento vía correo y luego actuaremos según los procedimientos que están tasados por las normas de un Estado de Derecho, que es pedir judicialmente el desalojo. Pero primero agotemos el tiempo y luego ya la actuación judicial que corresponda. Posiblemente será la semana que viene si no hay noticias antes».

Pero sí hubo noticias. En concreto, una carta con sello de ayer en la que Royal Collections abría la puerta a su salida de Tabacalera «siempre que en el acta de entrega se haga constar la situación real de los cinco edificios». Una situación que, según sus argumentos, se resume en que sólo han recibido de manera adecuada un tercio de los espacios previstos, de forma que sólo podrían hacer entrega «en depósito» de esas instalaciones «en tanto que los tribunales dedican sobre este asunto».

El estado de los edificios

Un asunto, el de la entrega de los inmuebles, que resulta crucial en este embrollo. ¿Por qué? Pues porque el Ayuntamiento defiende que Royal Collections ha incumplido el contrato al disponer de edificios terminados y no hacer uso de ellos, mientras que la concesionaria mantiene que, para poner en marcha el complejo, necesita «todo el conjunto edificatorio», al que se refiere ese mismo contrato.

Será una de las cuestiones que deberá dilucidar el tribunal. Hasta entonces, está por ver si la ciudad podrá hacer uso de los espacios rehabilitados de Tabacalera y si la recuperará los 5,6 millones de euros entregados a la concesionaria para poner en marcha un proyecto que ya no verá la luz.