Alcaldes aconsejan no acogerse al decreto de casas ilegales y esperar a las elecciones

Este es el caso de Almáchar, cuyo regidor, José Gámez (IU), ha señalado que el problema del decreto «es que no coge el toro por los cuernos. Estamos hablando de viviendas que han sido autorizadas para el turismo rural, que es la única posibilidad de futuro que tenemos muchos pueblos del interior, pero que para la Consejería de Obras Públicas no tienen derecho a ser legalizadas, sino sólo a un reconocimiento como asimilado a fuera de ordenación, que es, por así decirlo, una legalización de tercera categoría, cuando han tenido que ser adaptadas para el uso turístico».

Gámez ha manifestado que su Ayuntamiento está aconsejando a sus vecinos que esperen, «porque si entra el PP, cambiará, tal como ha anunciado en reiteradas ocasiones la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y no queremos que se gasten el dinero para que luego no sirva de nada».

Además, el alcalde almachareño ha explicado que ayuntamientos como el suyo no están preparados para poder regularizar de oficio todas las viviendas afectadas. «Tenemos un técnico que viene una vez a la semana. La Junta echa sobre el tejado de los ayuntamientos la responsabilidad de la regularización, pero no nos dota de medios», se ha quejado el regidor.

La postura de los alcaldes y concejales de Urbanismo está en función de su color político. Así, la edil de Urbanismo de Vélez, Concha Labao (PP), ha señalado que con el decreto el número de viviendas que pueden aspirar a ser legalizadas no supera la decena, toda vez que la inmensa mayoría están situadas sobre suelo protegido. En el caso de Vélez, el Ayuntamiento acaba de iniciar la elaboración del inventario de viviendas ilegales.

Seguridad jurídica

Lo mismo sucede con el Consistorio de Torrox, aunque en este caso el equipo de gobierno del PSOE se refiere al decreto como una vía que dará seguridad jurídica a los propietarios de las viviendas construidas en el suelo no urbanizable, según ha señalado la edil de Urbanismo, la socialista Estrella Tome.

El alcalde de Comares, Manuel Robles (PP), ha insistido en que el decreto de la Junta no satisface a la mayoría de los ayuntamientos ni a los afectados, «de ahí que muchos estén a la espera para comprobar si el PP cambiará o no la LOUA».

En la provincia de Málaga se estima que existen más de 50.000 edificaciones levantadas en suelo no urbanizable, de las que casi la mitad están ubicadas en la Axarquía, según los ecologistas, dado que hasta la fecha únicamente han sido inventariadas unas 12.000.

No obstante, según las previsiones de la propia Consejería de Obras Públicas, sólo un 10% podrán aspirar a ser legalizadas, mientras que un 80% de las viviendas en suelo no urbanizable, aunque no se pueden demoler porque el delito ha prescrito, quedarán como «asimilado fuera de ordenación», una figura que no satisface a los afectados.