Tensa espera entre los propietarios de viviendas ilegales

«Construí mi casa con licencia. Lo vendí todo en mi país, Inglaterra. Decidí venirme a la Axarquía, no como turista, sino para residir e invertí todos mis ahorros en mi casa. En 2006 el Ayuntamiento de La Viñuela me comunicó que la Junta había decidido recurrir la licencia. Después un juzgado la declaraba nula y ahora estoy a la espera que ordenen la demolición, salvo que el decreto de la Junta me permita regularizarla. Por eso espero con gran inquietud conocer su contenido». Con estas palabras relata el presidente de la Asociación Save Our Homes in Axarquía-Salvemos Nuestras Casas (SOHA), Phillip Smalley, de 65 años , la expectación con la que vive estos últimos días de 2011. «Tengo puestos todos mis sentidos en la normativa porque deseo acabar de una vez por todas con la pesadilla que llevo viviendo hace cinco años», apunta Smalley.

La incertidumbre de este residente no es muy diferente de la de María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI), colectivo que agrupa a unas 50 asociaciones de toda la provincia y reclama la legalización de todas las viviendas, independientemente de si están construidas o no en suelo protegido.

«Creemos que deben ser legalizadas todas las casas que estén ocupadas», asegura Vázquez, para quien la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), es la gran la causante de esta problemática. «Desde hace más de 30 años se podía construir sin orden ni concierto en el campo, pero la LOUA, una ley que no conocen ni los alcaldes ni los técnicos de los ayuntamientos, significó pasar al otro extremo sin pasar antes por un punto intermedio», se lamenta, a la vez que reconoce que desde APVI se desconoce por completo las salidas que ofrecerá el decreto.

Sin convencer

A priori la nueva norma no perece convencer a nadie. Así, desde la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares se apunta que lo único que hará es colocar en «fuera de ordenación» a la mayoría de las construcciones irregulares que se levantan sobre suelo no urbanizable. El término 'fuera de ordenación' lo aplica la Junta a las edificaciones con autorización administrativa que son disconformes con el planeamiento urbanístico y aunque podrán obtener la licencia de primera ocupación y por tanto se librarán de la demolición, sus propietarios no podrán optar a la ampliación.

Sin embargo, lo que más preocupa a los propietarios de viviendas ilegales en la Axarquía es que sus casas puedan quedar como «asimilados a fuera de ordenación», un término recogido en el borrador del decreto, que fue dado a conocer en julio pasado, para englobar a las edificaciones sin autorización administrativa y disconformes con el planeamiento, las cuales no podrán ser legalizadas. Dentro de esta figura estarían buena parte de las viviendas construidas con licencias de apero.

Según el borrador de decreto, los propietarios de las casas que pasen a ser consideradas «asimilados a fuera de ordenación, deberán acreditar que reúnen las condiciones adecuadas de seguridad y habitabilidad. Transcurrido el plazo de prescripción de la infracción, sólo podrán aspirar a obtener un certificado o reconocimiento que a los afectados no convence en absoluto, entre otras razones porque consideran que devaluará el precio de sus viviendas. Además, según los afectados, estas casas tampoco podrán aspirar a tener licencia de primera ocupación ni defensa jurídica.

Otra de las grandes preocupaciones es qué pasará con las viviendas que fueron construidas con licencias de los ayuntamientos, pero que posteriormente fueron anuladas. Este es el caso de Philip Smalley, para quien el asimilado a fuera de ordenación es «un limbo» que nada tiene que ver con la legalización de las casas. «Inicialmente la Junta decidió dejar fuera del decreto estos casos, algo que resultaría totalmente injusto puesto que estamos hablando de viviendas que se construyeron con licencias municipales, aunque después los juzgados las hayan anulado. Estamos diciendo que fuimos a los ayuntamientos a pedir licencia y que las construimos con autorización municipal. No pueden tratar mejor a quienes levantaron sus casas sin cumplir con sus deberes como ciudadanos, que a nosotros», explica Smalley.

Los afectados temen además que el camino a seguir sea todavía largo, teniendo en cuenta el mensaje lanzado de manera reiterada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía de que habrá que estudiar caso por caso.