Historia de un desahucio

O tal vez no. Puede que su drama no deje de ser uno más entre los 50.000 largos desahucios ejecutados en lo que va de año (32.010 en los seis primeros meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial). Las estadísticas, por escandalosas, no dejar de ser frías, solapan el sufrimiento humano. Detrás de cada cifra siempre acecha la tragedia.

Azucena, de 29 años, no tuvo la suerte del guineano Luis Mendes, de 45, con ocho hijos en Guinea-Bissau a quien les giraba el pan de cada día. Con la ayuda de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y la Asamblea del 15-M de Torrejón de Ardoz, Mendes consiguió hace una semana que el juez aplazara hasta el 10 de enero el abandono de su casa, en la calle Soria, donde dos de cada diez vecinos son inmigrantes. En 2002, Luis firmó una hipoteca de 118.000 euros junto a un amigo. Dejó de pagar en 2008, al quedarse en paro. Ni siquiera sabe el dinero que le reclaman. Al menos, tiene un pequeño margen para enfrentarse a la burocracia judicial y bancaria o buscar nuevo alojamiento. Víctima de la burbuja inmobiliaria, como decenas de miles de empleados de la construcción, hace tiempo que dejó de enviar los 250 euros mensuales a su mujer.

Antidisturbios

A Azucena la echaron sin miramientos. Un camión de mudanzas, supuestamente de forma gratuita, empaquetó en tres horas 20 años de su vida. No durmió en toda la noche. Desde primeras horas de la mañana de esa penúltima jornada del 20-N, vecinos y miembros de la Asamblea Popular del Nudo de Manoteras y de la PAH vigilaban la llegada de los secretarios judiciales al edificio de ladrillo rojo, uno de los muchos que configuran el barrio ubicado a cuatro kilómetros de la estación de Chamartín. Recibieron a la comisión judicial y a unos sesenta policías -entre agentes locales y antidisturbios- con pancartas de protesta colgadas de las persianas. Se enfrentaron a ellos y hasta hubo un herido, pero nada pudieron hacer para evitar un desenlace que Azucena creía inimaginable, pese a que estaba avisada. Como todos los días, vistió a los niños, los peinó y les dio el desayuno. Los llevó al colegio y a la guardería. Un día normal para ellos. A la vuelta de clase, les esperaban su madre, Azucena; la abuela Rosa María, de 52 años, y la bisabuela Tomasa, de 87. Pero lo hicieron en la calle. La casa estaba clausurada. «Llegó la niña, preguntó qué hacían nuestras cosas en el portal y dijo que nos fuéramos a casa». «No podemos hija, se ha roto y tenemos que buscar otra». «Pero mamá ¿Y mis cosas y mis juguetes?». «En cajas, no te preocupes, no están perdidas». Quejas, lloros, preguntas, angustia, culpabilidad, rabia y, sobre todo, impotencia.

Azucena vuelve a recordarlo para V. «¿Pero qué me está pasando, por qué me echan de casa si pagaba? ¿Cómo es posible que esté viviendo esto, si no me lo he buscado? Todavía no me lo creo», responde, a veces tranquila, otras triste y, las más, enfurecida. Le avisaron del desahucio con 20 días de antelación, tiempo en el que debía abonar 49.000 euros de golpe. No soporta recordarlo. «¿Cómo iba a reunir ese dinero en tan poco plazo?». Lo peor, que había estado pagando los últimos años dos recibos de 120 euros cada uno. Suponía que con uno de ellos abonaba los pagos atrasados que su madre, titular de la hipoteca y del piso, había dejado a deber, más el correspondiente a cada mes en curso. La deuda contraída con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) ascendía a 12.000 euros. Pero la exigían 49.000 por intereses, pago a la procuradora... y un sinfín de conceptos que Azucena no llega a comprender. Y encima, no puede hacer nada porque no es la titular. Imposible interponer demanda alguna. «Mi madre fue a un juicio sin abogado y ni la escucharon. Es más, la declararon rebelde para más inri».

No sabe cómo reclamar la vivienda que cree suya. Quiere pagar, «pero no me dejan». Y sufre por sus tres hijos a quienes ha tenido que comprar chupetes nuevos. A saber en qué rincón de qué caja o bolsa están los viejos. «La mayor se da cuenta de todo, de que estoy triste o baja de ánimo y me hace muchas preguntas. He llorado mucho, pero cuando me nota los ojos enrojecidos, le digo que tengo alergia y que me pican».

Ahora viven en otra casa, de 'okupas', con dos habitaciones, cocina y baño, sin calefacción. Su novio ha tenido que mudarse al domicilio de sus padres octogenarios, donde también se cobijan dos de los siete stanford que criaban. Era el sueño de la pareja. Azucena es criadora de perros, con certificado. Lo intentaron y hace un par de años alquilaron un chalecito en Robledo de Chavela. Se mantenían con su sueldo de teleoperadora, pero se quedó en la calle y tuvo que volver a la casa familiar. «Con las camadas, dice, no se saca para vivir. Antes vendíamos los canes a 400 o 500 euros. En este momento, a 200 y encima te regatean. Los gastos son muchos. Les cuido hasta las ocho semanas, la alimentación, el lavado de mantas... ¡Dios mío! No sé cómo voy a salir de esta: el colegio concertado de las niñas, la guardería y comedor de los pequeños... Espero tener fuerzas para no quedarme en el camino». Saldrá, como tantas otras familias víctimas de desahucios. Su amigo, Florencio Flores, del 15-M de Manoteras, pone la puntilla. «Es deprimente que haya gente en la calle habiendo tantas y tantas viviendas vacías».