Medio millar de menores infractores se libran de ser imputados al tener menos de 14 años

Meses más tarde protagonizaría una persecución rocambolesca. El chico, muy escurridizo, entró a robar en el piso de un vecino. Al verse cercado por la policía, huyó por el tejado. Los agentes lo siguieron desde la calle. Para intentar darles esquinazo, se coló en otra casa, aprovechó para llevarse otros cuantos objetos de valor y volvió a escapar. Al final pudieron atraparlo, que no detenerlo. Tenía doce años. «Volvimos a llevarlo con su madre y le informamos de lo que había hecho esta vez», recuerda el agente, que prefiere preservar el anonimato.

Lejos de ser un caso aislado, las estadísticas de la Fiscalía de Menores de Málaga reflejan un dato cuanto menos llamativo: en 2010 se abrieron 500 diligencias por infracciones cometidas por niños o adolescentes inimputables, esto es, con edades por debajo de los 14 años. La cifra cobra aún más relieve si se compara con el total de asuntos relacionados con menores tramitados ese año por el Ministerio Público en la provincia, que asciende a 5.158. La conclusión es clara: el 10% de estos casos queda sin castigo debido a que sus precoces autores ni siquiera llegan a la edad penal, por lo que acaban en el limbo de la impunidad.

La fiscal delegada de Menores en Málaga matiza que no suelen ser hechos de entidad y que, por tanto, no es una cifra alarmante. Los policías que trabajan con adolescentes coinciden con esta impresión y subrayan dos rasgos comunes en estos críos. Suelen provenir de familias desestructuradas y presentan cuadros de absentismo escolar.

Al no tener responsabilidad penal, estos casos se derivan a los fiscales de Protección -y no a los de Reforma, que son los que actúan contra los infractores- donde se estudia su situación familiar y se les hace un seguimiento. No obstante, recuerda la representante del Ministerio Público, los perjudicados por los hechos delictivos que hayan cometido los menores de 14 años sí pueden defender sus derechos en la vía civil.

La tipología es variada. En el primer escalón están las infracciones más leves, como actos vandálicos, pequeños hurtos u otra clase de fechorías, cometidas por niños con una vida normalizada y que, en la mayoría de los casos, no vuelven a delinquir. Luego están los menores que son utilizados por mayores. Conocedores de su inimputabilidad, los usan en hurtos, robos con fuerza e incluso en butrones. «Son capaces de entrar en huecos donde un adulto no cabe», apunta un agente.

Pero, por otra parte, están los adolescentes que empiezan a dar los primeros pasos de una carrera delincuencial. La fiscal delegada comenta, como anécdota, que han tenido casos de menores infractores a los que, en cuanto cumplieron los 14 años y volvieron a actuar, se les aplicó a una medida cautelar de reforma para detener su actividad.

Seis robos en un mes

En Jaén se dio hace un tiempo el caso de un joven multirreincidente que aparecía implicado en más de cien atestados sobre hechos delictivos. No se le pudo detener, ya que los habría cometido entre los 11 y los 13 años. Ya con 14, acumuló seis imputaciones por robo con violencia en apenas un mes, lo que llevó al juez a decretar su internamiento.

También hay casos que llaman la atención por su gravedad. El año pasado, sin ir más lejos, la Policía Nacional investigó un apuñalamiento a un menor de 16 años en la calle Larios durante la celebración del Mundial de fútbol que ganó la selección española. Los agentes se quedaron de piedra al comprobar que el presunto autor solo tenía 13 años. En Cáceres, un niño de 12 supuestamente apuñaló al excompañero sentimental de su madre, al ver que éste la había golpeado con un hacha.

Uno de los debates abiertos respecto a la Ley del Menor es, precisamente, la rebaja de la edad penal de los 14 a los 12 años. El asunto es objeto de análisis en la memoria de la Fiscalía General del Estado. En ella se recogen las opiniones de las distintas delegaciones provinciales, que agrupa en tres vertientes. Mientras unas abogan por mantener la legislación actual, otras fiscalías como las de Sevilla, Córdoba o Valencia apuesta por la posibilidad de una intervención limitada -en el tramo de 12 a 14 años- desde la jurisdicción de menores en los casos más graves. La tercera corriente se queda en un término medio, que pasa por aplicar a estos menores medidas de protección, pero bajo supervisión judicial, de manera que no dependan tan solo de un órgano administrativo.