Más de siete mil malagueños se han visto afectados por ERE desde el inicio de la crisis

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en la provincia se disparó entre 2008 y 2009, pasando de 585 a 3.762 (un 543% más). En 2010 la cifra bajó un 19% respecto al año anterior, aunque siguió superando los tres millares (3.049 exactamente). Si se cuentan solo los expedientes extintivos, 2010 ha sido el peor año en al menos una década, con 627 despidos canalizados mediante esta vía, un 39% más que en 2009. La mayor parte de ellos no han llevado aparejadas prejubilaciones.

Entre los últimos ERE autorizados en la provincia por la delegación provincial de Empleo figuran el de la industria electrónica Elcan (que permitió el despido de 55 trabajadores), el de los hoteles Guadalpín (una suspensión rotatoria para 230 empleados más 34 extinciones de contrato) y la suspensión temporal de Fujitsu. Además, hace unos días, la cadena de tiendas de informática PC City anunciaba su intención de prescindir de toda su plantilla en España (en Málaga son 33 trabajadores).

Es obvio que la coyuntura económica está detrás de esta proliferación de expedientes. «Desde que empezó la crisis se ha notado un aumento muy importante, tanto de los ERE como de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo), sobre todo en los sectores de la construcción y el turismo», afirma el secretario provincial de Comisiones Obreras, Antonio Herrera.

Así, en la estadística del año pasado destaca la treintena de suspensiones temporales llevadas a cabo en diferentes hoteles de la Costa del Sol. Pero también la industria malagueña recurrió en 2010 a expedientes provisionales para ajustar su plantilla en momentos puntuales. Fue el caso de Isofotón y de Euralex, por ejemplo. En este sentido, Herrera defiende la utilidad de estos ERE temporales «para que empresas afectadas por la crisis y por la actitud poco responsable de los bancos puedan adaptarse a la coyuntura económica y mantener su actividad».

Prejubilaciones

Lo cierto es que el escándalo de las prejubilaciones fraudulentas ligadas a cargos de la Junta de Andalucía, sumado al polémico plan de recorte de personal de Telefonica, ha situado a los expedientes de regulación de empleo y las prejubilaciones en el foco de las críticas. Pero para Herrera, no se debe generalizar. «No se pueden demonizar los ERE por un caso de corrupción o por empresas sin vergüenza como Telefónica, que pretende despedir a casi 6.000 trabajadores después de obtener un beneficio récord», afirma. Eso sí, el líder sindical se muestra de acuerdo con la reforma que impulsa el Gobierno para evitar que las prejubilaciones organizadas por empresas rentables se costeen con dinero público. Y va más allá: «No se deben autorizar los ERE en compañías con beneficios».

De endurecerse la normativa que afecta a las prejubilaciones, Telefonica no sería la única empresa que vería afectados sus planes. La operadora tiene alrededor de 700 trabajadores en Málaga, por lo que si aplicara la reducción anunciada, del 20% de su plantilla, prescindiría de 140 personas. Pero en la provincia se está fraguando otro proceso similar: el de Unicaja. Dentro de su plan de reducción de costes, la entidad contempla el cierre de 100 oficinas y la eliminación de 500 puestos de trabajo. El primer esbozo de propuesta que la entidad presentó a los sindicatos incluía 300 prejubilaciones y bajas incentivadas, aunque a raíz de la fusión con Caja España-Duero la negociación ha quedado en 'stand-by'.

No obstante, prejubilaciones masivas como las que han planteado Telefonica o Unicaja son excepciones en un tejido empresarial como el malagueño, dominado por pymes. Y es que en la mayor parte de los casos, al despido no le sigue un retiro anticipado, sino solo la cola del paro.