Los 30.000 jóvenes becarios cobrarán 400 euros al mes

Una tasa de paro juvenil superior al 40% requiere soluciones imaginativas. Los agentes sociales coinciden al considerarla una «lacra para la sociedad» y «un peligro» para toda una generación de españoles que pueden quedar excluidos del mercado laboral. Con el fin de solucionar este problema, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, solicitó la colaboración de los 44 empresarios más relevantes del país en su encuentro de finales de marzo en el Palacio de La Moncloa.

Aquella reunión terminó con el compromiso de las grandes empresas de convocar becas. La iniciativa recibió el visto bueno final del Ejecutivo ayer, lo que permitirá su inmediata entrada en vigor. Desde aquel encuentro, el presidente de Telefónica, César Alierta, coordina un grupo de trabajo junto al Ministerio de Economía y Hacienda para poner en marcha el denominado Plan de Formación y Experiencia Profesional para Jóvenes. En aquella reunión, el máximo responsable del Santander, Emilio Botín, ya ofreció por su parte poner en marcha 2.000 de estas ayudas.

El principal objetivo de esta iniciativa es conseguir un compromiso adicional en materia de formación por parte de los empresarios para con los jóvenes, una mayor creación de empleo -que alivie en particular la sangría que supone el paro juvenil- y buscar una salida a la crisis lo antes posible.

Rechazo sindical

A los representantes de CC OO esta decisión no les ha convencido. Consideran que la intervención del Servicio Público de Empleo es claramente positiva, porque pondrá orden «a todo el sarao» que hay con las becas. «Así se evitará el fraude», afirmó la secretaria de Empleo de este sindicato, Paloma López. Pero, en su opinión, los aspectos negativos son más numerosos que los positivos, ya que en el texto aprobado por el Consejo de Ministros «no queda concretado si van a tener cotizaciones» y tampoco se especifica si cuando finalicen los plazos de la beca, las empresas van a contratarles finalmente.

Además, Comisiones cree que esta medida choca con el programa gubernamental Procualifica, que está dirigido a jóvenes de entre 16 y 30 años de baja cualificación, «pero sin un incentivo de carácter económico». Para el sindicato, esta medida provoca desregulación laboral, precariedad y es una «chapucilla» para tratar de paliar determinadas malas decisiones. «Al programa Prepara (la ayuda de 400 euros a parados vinculada a la formación) habría que destinar fondos y recursos, que no se están aportando de forma conveniente», asegura López.

Por su parte, fuentes de UGT calificaron la medida de «interesante siempre y cuando no aboque a una situación de empleo sumergido a estas personas». «Este planteamiento garantiza simultanear periodos de formación con periodos de prácticas y estas grandes empresas pueden dar una oferta de formación a los jóvenes», declaró el sindicato socialista, que se remitió a unas declaraciones realizadas por su líder, Cándido Méndez, hace unos días.