Zapatero no pagará los viajes en Falcon para actos del PSOE

La Sala de lo Contencioso-Administrativo no entró en el fondo del asunto para rechazar tal pretensión, como pedía la Abogacía del Estado. Tan solo argumentó sobre su decisión que el colectivo demandante, la Asociación Preeminencia del Derecho, no tenía un interés directo en el asunto y solo buscaba «una defensa genérica de la moralidad» que no está permitida por la ley.

Amparo al Constitucional

No obstante, el tribunal también señala que la asociación debería utilizar «otro cauce diferente de la jurisdicción contencioso-administrativa» para llevar a cabo su petición contra el presidente del Gobierno. Por ello, la asociación anunció ayer que recurrirá en amparo ante el Tribunal Constitucional y, además, presentará una querella o denuncia contra el jefe del Ejecutivo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La asociación recurrió inicialmente ante el Ministerio de Política Territorial en junio de 2009, recurso que fue desestimado por el Ejecutivo. En su escrito, el abogado Jose Luis Mazón acusó al presidente de infringir «el principio de sumisión de los bienes públicos al interés general y no al interés personal de quien ocupa la Presidencia del Gobierno en régimen de conducta bananera». También le imputaba el incumplimiento del Código del Buen Gobierno por esa misma razón.

Ante el rechazo de su pretensión, la asociación acudió a la Audiencia Nacional un año después con el mismo propósito. En este segundo recurso se aseguraba que el presidente del Gobierno parecía sufrir «la euforia o síndrome del Califa» y que los bienes públicos y oficiales «se le representan en su imaginación como todos al servicio de sus necesidades privadas o familiares, fiebre de todo nuevo rico».

El uso del Falcon fue arma arrojadiza del Partido Popular durante las elecciones europeas e, incluso, este partido llegó a presentar una denuncia ante la Junta Electoral Central para que se supiera cuánto cuestan los viajes de Rodríguez Zapatero que paga el Gobierno y no el PSOE, que es el que, a juicio de los populares, debería asumir el gasto.