El Ministerio de Trabajo también revisará los ERE andaluces

Valeriano Gómez aclaró que los ERE son competencia de las comunidades autónomas, que son las que los aprueban. Sin embargo, el Ministerio tiene competencias cuando estos expedientes afectan a empresas de más de una comunidad o, como en el caso de Minas de Río Tinto, a una compañía de gran tamaño.

El ERE de Minas de Río Tinto que se investiga fue aprobado por la Junta de Andalucía en 2003 y se beneficiaron del mismo alrededor de 400 trabajadores. La poliza de este ERE fue tramitada por Uniter, una de las sociedades que investiga la jueza del 'caso Mercasevilla', Mercedes Ayala, por supuestas irregularidades en la tramitación de las prejubilaciones. La pasada semana, la policía entregó a la jueza la documentación requisada en las sedes de esta empresa, entre ellas la de Valverde del Camino (Huelva), desde donde se gestionaría el ERE de Minas de Río Tinto.

En el momento del ERE, 2003, era consejero de Empleo el hoy secretario provincial del PSOE en Sevilla, José Antonio Viera, mientras que en el Gobierno central gobernaba el Partido Popular.

El ministro de Trabajo recordó que estos expedientes llevan aparejados el reconocimiento de pensiones, jubilaciones o desempleo, cuestiones que tiene que reconocer la Seguridad Social o el servicio público de empleo, dependientes del Estado. Por ello, añadió, revisará los expedientes de los ERE andaluces en los que haya intervenido el Ministerio de Trabajo, pero advirtió de que en el caso de irregularidades en pensiones deberán ser los juzgados de lo social los que tengan que intervenir.

ERE en la base de Morón

Minas de Rio Tinto es uno de los 15 expedientes aún pendientes de revisar por la comisión de investigación interna creada en la Consejería de Empleo, que ya detectó 39 'intrusos' en 12 empresas de 30 examinadas. Manuel Recio dijo ayer que la investigación «va a toda máquina», pero de nuevo no quiso adelantar sí han aparecido nuevos casos. «En el momento que se encuentren, se comunicarán de inmediato a la juez», manifestó.

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ve responsabilidad «por acción u omisión» de la Junta en el caso de otro ERE, el de la base de Morón, paralizado por la Inspección de Trabajo tras la denuncia del sindicato USO de que había 31 irregularidades.