Un centenar de familias británicas denuncian a un promotor por estafa inmobiliaria

La denuncia ha sido interpuesta en un juzgado de Madrid por el despacho de abogados Lawbird, con sede en Marbella, que representa a más de 90 demandantes, 68 de los cuales abonaron entre 2005 y 2006 alrededor de 4,5 millones de euros para la compra de una vivienda en la Costa del Sol, aunque el supuesto fraude se extiende también a otras promociones inmobiliarias de lujo en la República Dominicana y Marruecos. El número de afectados entre los tres casos podría alcanzar el millar, según explicó ayer Antonio Flores, letrado del despacho jurídico marbellí.

En la querella se solicita como medida cautelar que los demandados, el promotor Francisco Miranda y tres ex agentes de la inmobiliaria británica Ocean Wiew Properties, depositen una cuantía de 7,8 millones de euros, lo que permitiría a los perjudicados recuperar el dinero que abonaron en su día para adquirir las viviendas y ser compensados además por los daños morales causados por la presunta estafa.

De los cerca de cien denunciantes -número que va creciendo cada semana, según destaca el despacho de abogados-, el 70 por ciento se corresponde con la promoción que debía levantarse en Estepona, el 20 por ciento con un complejo turístico de lujo programado en Punta Cana y el 10 por ciento restante con una actuación similar para construir alrededor de 120 inmuebles al sur de Marruecos. «Son tres proyectos encadenados», según afirmó en rueda de prensa Flores, que cifró en cerca de 80 millones de euros el dinero que podrían haberse embolsado los denunciados con la supuesta estafa.

Gobierno norirlandés

Todos los demandantes son de nacionalidad extranjera, la mayoría de ellos de Irlanda del Norte, por lo que el bufete de letrados marbellí mantiene contactos con el gobierno de este país para que se persone como acusación particular en el procedimiento judicial, pendiente de su admisión a trámite. «Lo están estudiando», aseguró Flores, que indicó que entre los afectados por la presunta estafa existen también ciudadanos escandinavos, aunque ninguno de ellos ha traslado al despacho jurídico su voluntad de denunciar.

En el caso de España, los afectados entregaron una media de 80.000 euros como depósito para adquirir una vivienda en el complejo Estepona & Country Club. Algunos de los querellantes llegaron a invertir hasta un millón de euros, según resaltó el letrado. Los inmuebles nunca llegaron a edificarse, entre otras razones, porque la promotora carecía de licencia de construcción por parte del Ayuntamiento y porque era necesario desarrollar un plan parcial para modificar la calificación de la parcela. A día de hoy, según apuntó Flores, el suelo sigue siendo rústico.

Además, según el letrado, Miranda no formalizó la adquisición de lo terrenos y solo abonó una señal de 200.000 euros de los 18 millones en los que se había firmado la compra del solar a una familia de Estepona. Paradójicamente, según subrayó Flores, el promotor demanda a los propietarios de los terrenos que le devuelvan los 200.000 euros bajo el argumento de que «han incumplido una cuestión de lindes».

Entre las posibilidades de jurisdicción, el despacho ha decidió presentar la querella en los juzgados de Plaza de Castilla porque el domicilio de Miranda se encuentra en Madrid. Confían en que la denuncia se admita a trámite y que la Fiscalía actúe ante unos hechos «sangrantes» que, según Flores, hantenido repercusión en Irlanda del Norte.