Oídos sordos al interventor

Uno de los casos más paradigmático ha sido el del interventor municipal, Juan Antonio Castro, que ayer declaró como testigo propuesto por la acusación particular que ejerce el propio Ayuntamiento de Marbella. Castro comenzó a trabajar en el Consistorio en julio de 1994, cuando Jesús Gil ya llevaba tres años como alcalde.

Técnicos privados

El interventor, que en junio del año pasado declaró en el juicio por 'caso Minutas' que nunca pudo controlar el gasto que realizaban las sociedades municipales, fundamentalmente porque Jesús Gil y Julián Muñoz evitaron que pudiera ejercer esa función fiscalizadora, dijo ayer que entre 2000 y 2003 realizó reparos a numerosos convenios urbanísticos que nunca se tuvieron en cuenta, ya que nadie se preocupó de subsanar las deficiencias, «tampoco Julián Muñoz», aseguró.

Este funcionario, que fue suspendido de empleo y sueldo por Gil en diciembre de 2000 por haber facilitado documentación municipal al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía Anticorrupción, dijo ayer en relación al convenio 'Crucero Banús, que emitió un informe con varios reparos en los que requería que los técnicos municipales de Urbanismo «dejaran constancia de cuáles eran los aprovechamientos que correspondían al Ayuntamiento y se estableciera su valor», ya que las valoraciones y las tasaciones «las hacían los técnicos privados».

«Lo hice porque tenía la sensación de que ellos (los funcionarios) no habían participado en la tramitación del convenio», explicó Castro, quien dijo que la aprobación de 'Crucero Banús' por parte de la comisión de gobierno quedó condicionada a la subsanación de sus reparos, por lo tanto «en suspenso», por lo que «carecía de ejecutividad».

«Lo que yo pretendía era que los técnicos municipales, conocedores del urbanismo, informaran a la corporación con la suficiente amplitud para que quedáramos todos tranquilos respecto a lo que se estaba haciendo», aclaró a preguntas del abogado de la Junta de Andalucía, José Manuel Delgado.

«No es que la tasación y la valoración fueran materias reservadas a los funcionarios municipales, es que no se trataba de una simple valoración de un bien inmueble, sino de unos aprovechamientos que afectaban al Ayuntamiento, que es algo muy complejo; no fue por desconfianza, sino por la garantía que deben ofrecer esas tasaciones».

A preguntas de la letrada de Juan Antonio Roca, el funcionario aseguró que el presunto cerebro de la trama «nunca trató conmigo y si lo hacía era a través del alcalde», contradiciendo de este manera la declaración de la abogada Raquel Escobar, quien manifestó que el interventor iba al despacho de Roca cuando éste lo llamaba. También añadió, cuestionado por el dinero que se recibía de los convenios, que Roca «no tuvo a su disposición» los caudales públicos del Ayuntamiento de Marbella.

Por su parte, el arquitecto director del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana PGOU), Eugenio Sánchez Mora, declaró que fue contratado por Jesús Gil en 1993 para «trabajar una propuesta de plan», aunque el equipo tenía también «la misión de incorporar los convenios del Ayuntamiento y hacerlos cumplir la normativa pertinente»