Crisis económica y derechos humanos

La escisión socio-económica se produce en el seno del propio sistema capitalista; conduce a una ruptura entre el actor social y el sistema, o entre economía y sociedad, con el triunfo de la primera sobre la segunda. En los últimos 30 años se han ido produciendo cambios sustanciales en el ámbito socioeconómico, cuyo elemento común es la aparición de diferentes realidades globales, todavía sin formalizar. Me refiero: 1. Al dominio de los sistemas financieros sobre la economía y su actuación abusiva y descontrolada. 2. A las sucesivas oleadas de externalizaciones laborales (las industriales, primero, y las de servicios, ahora) hacia países donde la mano de obra es más barata y la condición laboral está menos o nada protegida jurídicamente. 3. A la asimetría entre trabajos cualificados con un nivel de formación muy elevado repartidos entre una clase elitista e individualista de personas, que se mueven entre una veintena de ciudades distribuidas por todo el mundo (la denominada 'clase creativa' descrita por Richard Florida), y trabajos no cualificados realizados por los inmigrantes económicos o desplazados que intentan entrar de cualquier manera posible a los países o regiones de progreso o de paz. 4. El incremento de la desigualdad socioeconómica y territorial en todo el planeta. Como contrapunto, el único instrumento que ha adquirido una dimensión global formalizada jurídicamente es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, regulador del régimen de libre comercio a nivel global.

La escisión socio-cultural afecta a los seres humanos. Las cuestiones socio-culturales y de identidad religiosa están tomando cada vez más protagonismo en el discurso político, enfrentando electoralmente a derecha e izquierda, y en la opinión pública, que se encuentra dividida en torno a la cuestión religiosa (fundamentalmente en relación con el islam) como cuestión identitaria de los inmigrantes. La escisión socio-cultural pone en tela de juicio los vínculos sociales de integración que hasta ahora han guiado a las sociedades occidentales y que afectan directamente al desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando a los ciudadanos se les conduce al enfrentamiento entre sí (especialmente entre inmigrantes y nacionales) en la competencia por recursos, es decir, en la competencia por derechos sanitarios, educativos o sociales, se está produciendo una regresión en la protección de los mismos. Su reivindicación se hace cada vez más difícil, ya que la fragmentación social impide una acción unitaria de lucha por la emancipación de todos los seres humanos, sean de aquí o de allá. Se rompe la solidaridad de grupo, abocando a los ciudadanos a desarrollarse como individuos aislados y enfrentados entre sí.

La acumulación de pérdidas de derechos, incremento de las desigualdades, insatisfacción social por una situación vital cada vez más incierta e insegura y atomización de los ciudadanos como seres aislados y alarmados es un caldo de cultivo propicio para el desarrollo de un fascismo social de carácter difuso que ya está haciendo mella en nuestras sociedades, alentando sin complejos la figura del inmigrante como 'chivo expiatorio' de todos los males, y canalizando la insatisfacción social hacia un odio cultural o religioso. Con frecuencia, los conflictos identitarios derivados de la inmigración ocultan tras de sí problemas de desigualdad social. Contra esto es contra lo que hay que luchar. Gestionar las desigualdades es el mayor reto político de nuestra era.

En este contexto proliferan los mensajes políticos populistas y autoritarios, proponiendo soluciones pragmáticas, no ideológicas y cortoplacistas, pero sin abordar el debate socioeconómico de fondo en la discusión política. Buscan el voto a cualquier precio, incluso incardinando un cierto tipo de conservadurismo de la clase trabajadora contra los efectos negativos de la globalización, con un conservadurismo autoritario, xenófobo e islamofóbico contra una sociedad caracterizada por una diversidad creciente. Se busca el voto de una ciudadanía previamente alarmada y precarizada.

Es preciso volver a afrontar políticamente las cuestiones económicas, fiscales e institucionales 'fuertes' que en las últimas décadas han sido un coto vedado, recuperando así el control normativo de la política democrática. Ésta parece estar secuestrada por un 'parlamento virtual' de inversores y prestamistas que ha conseguido controlar los programas gubernamentales. Será aquélla la única manera de articular un discurso socioeconómico alternativo, superador a la vez de la escisión sociocultural, que permita el eficaz avance de una democracia, no solo política, sino económica y social todavía pendiente.