El tribunal frena en seco los ataques reiterados al instructor del 'caso Malaya'

Godino se refería así a las palabras pronunciadas en la víspera por algunos de los imputados, que participaron en su propia defensa y que rozaron la descalificación personal hacia el instructor; más concretamente a las alusiones realizadas por defensas como la del letrado Francisco Soriano, también imputado en la causa, y quien aseguró que el instructor se convirtió en un juez «parcial e inquisidor». Godino explicó que permitió dichas referencias por el absoluto respeto al derecho de defensa, así como porque el letrado interviniente era un procesado y refirió que es humanamente comprensible que pudiera hablar desde el apasionamiento. Una vez efectuada la llamada de atención para que los abogados se centraran en «cuestiones estrictamente jurídicas», las defensas supieron bordear los límites impuestos por el Tribunal.

Especialmente beligerante se mostró la defensa de Óscar Benavente y de su hermano José Luis. El abogado José Antonio Choclán aseguró en su intervención que Torres, ahora juez de lo Penal en Granada, ha quebrantado los principios legales inequívocos al saltarse las normas de reparto de procedimientos. El letrado, antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, no se resistió a señalar que el instructor se comportó como un juez central y no de instrucción. Al hilo de esta argumentación afirmó que Torres «se autoatribuye el asunto porque desconfía de la ecuanimidad del resto de sus compañeros de los juzgados de Marbella y desconfió incluso de todos sus compañeros de España».

Detenciones

Al igual que Choclán -que representa también al ex concejal del GIL, Rafael Calleja- el resto de las defensas pusieron en solfa la manera en la que se practicaron las detenciones y el tiempo en el que sus patrocinados permanecieron en los calabozos antes de prestar declaración. Choclán aludió que en el caso de uno de sus defendidos, conducido a los calabozos de la Comisaría Provincial, este tiempo ascendió a 104 horas y no las 72 que marca la ley. «Creo que el juez conocía esta limitación constitucional. No cabe prolongar una detención fuera de los supuestos de terrorismo», refirió el togado que atribuyó tal proceder al «interés acusatorio» del juez Torres.

En la línea de las descalificaciones oídas contra la instrucción durante la primera jornada, el letrado habló de un «modelo inquisitivo» y acusó a Torres de no comportarse «de modo imparcial» al apostar sistemáticamente por detenciones masivas. El discurso avaló el alegato de la defensa de Salvador Gardoqui, uno de los presuntos testaferros de Roca, quien subrayó que su defendido prestó declaración porque «estaba presionado» ante la detención e hizo las manifestaciones «que creyó necesarias para eludir rápidamente el riesgo de una entrada en prisión».

Otro de los asuntos que las defensas volvieron a sacar a la palestra fue la petición de nulidad de las escuchas telefónicas. En este sentido, el letrado de Jaime Hachuel, imputado que según las pesquisas policiales se encargaba de las medidas de seguridad de Roca, criticó que se intervinieran las conversaciones de su cliente, al considerar que fue «meramente accesorio» para investigar al principal cerebro de la trama, el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca.