Proyectos en saco roto

La obra del soterramiento de la A-7 a su paso por San Pedro Alcántara ha sido el último y más importante proyecto que se estanca en Marbella. Pero no es el único. Los recortes y la reprogramación de obras públicas por parte del Ministerio de Fomento, problemas financieros de otra índole, trabas burocráticas o conflictos entre administraciones han derivado en la paralización de distintas iniciativas anunciadas a bombo y platillo por dirigentes políticos de unas y otras instituciones.

En el caso del soterramiento, los trabajos han alcanzado más de un 70 por ciento de ejecución. Algunos, sin embargo, se han quedado atascados en la su primera piedra e, incluso, varios proyectos claves para el municipio permanecen en los cajones de ministerios y consejerías durmiendo el sueño de los justos y sin visos de despertar.

Junto a los trabajos en la travesía sampedreña, el corredor ferroviario de la Costa del Sol constituye la iniciativa de mayor calado para Marbella asentada en el limbo de los proyectos bloqueados. La promesa realizada hace cerca de una década por el entonces presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, ha avanzado poco en estos dos lustros y en los últimos tiempos parece haber entrado en una vía muerta. El tren litoral, que uniría Málaga con Estepona, sufre síntomas de inanición financiera. Se trata de un proyecto que necesita un desembolso económico de al menos 4.000 millones de euros, una inversión que se antoja impensable después de que Fomento haya puesto freno a un elevado número de obras públicas para lograr un ahorro de 3.200 millones en 2010.

La fórmula acordada por los gobiernos central y autonómico para sacar adelante la iniciativa pasa por la creación de una sociedad mixta a través de la cual incentivar la participación de capital privado. «Espero ponerlo en marcha», aseguró el ministro José Blanco el pasado marzo al ser cuestionado sobre el proyecto del corredor ferroviario, actuación que calificó de «prioritaria». Incluso se permitió la licencia de bromear sobre los plazos de finalización de la obra. «Espero inaugurarlo, pero no sé en calidad de qué», apuntó el máximo responsable de Fomento.

Por el momento, se ha adjudicado el tramo entre Las Lagunas y La Cala de Mijas, un doble túnel presupuestado en 164,7 millones de euros cuya ejecución no ha comenzado. La Junta destinó para este ejercicio una partida presupuestaria simbólica de cinco millones de euros. La inversión supone un 0,1 por ciento del coste de la obra y todavía se desconoce si se verá afectada por la reprogramación de Fomento.

El frenazo a la obra pública anunciado por el Gobierno central deja también en el aire el proyecto para remodelar los accesos directos a la antigua carretera nacional 340 entre Marbella y Estepona, una actuación en la que el Ejecutivo central trabaja desde hace al menos dos años y que necesita de una inyección económica de 54 millones de euros. La reordenación afectaría a 20 kilómetros de autovía y, sobre el papel, contempla la eliminación de los accesos directos a la carretera mediante la incorporación de viales de servicio, así como la sustitución de las pasarelas peatonales -deterioradas por el paso del tiempo y la corrosión que causa la cercanía del mar- por otras más modernas y resistentes.

Ni confirmo ni desmiento

Tras las reuniones mantenidas con los responsables de la Demarcación de Carreteras de Andalucía Oriental, el Ayuntamiento de Marbella da por hecho que esta iniciativa ha sido bloqueada. Desde Fomento sostienen la estrategia de no confirmar ni desmentir por el momento las obras que padecerán la reprogramación presupuestaria, una maniobra que también ha seguido en lo que respecta a la obra del soterramiento de San Pedro Alcántara.

El departamento que dirige José Blanco incluso ha negado que los trabajos de la travesía, con un presupuesto de 60 millones de euros, se hubieran detenido, a pesar de que la empresa concesionaria, OHL, despidió a casi la totalidad de los más de 200 trabajadores implicados en la obra del túnel, que acumula cerca de dos décadas de retraso.

El Gobierno andaluz también mantiene en Marbella distintos proyectos en dique seco. Entre ellos, la ampliación del puerto deportivo Marina-La Bajadilla, a pesar de que su financiación parece garantizada y a la iniciativa le ha salido un novio de excepción recién llegado de Qatar: el jeque Abdullah Ben Nasser Al-Thani, nuevo propietario del Málaga.

El grupo de entidades bancarias atraídas por la actuación alcanza ya la media docena, según anunció recientemente el delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda, Enrique Benítez. Las principales cajas de ahorros, así como los grandes bancos de nuestro país, han expresado su interés por un proyecto que necesita una inversión cercana a los 70 millones de euros y que se acometerá bajo la fórmula de colaboración público-privada.

La disposición del jeque Al-Thani por hacerse con la concesión del proyecto se hizo pública tras la reunión celebrada entre el empresario qatarí y la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. Una propuesta que también se planteó en el encuentro que el máximo accionista del Málaga mantuvo a finales de julio con el presidente del Gobierno autonómico, José Antonio Griñán, en el que el jeque puso encima de la mesa sus propuestas de inversión en Andalucía.

La iniciativa presenta más de un atractivo para la inversión privada, puesto que el periodo de explotación de La Bajadilla tendrá una vigencia de 30 años y no sólo incluirá la gestión de los casi 700 atraques que albergará el nuevo puerto, sino que también comprenderá la superficie comercial que se levantará en el recinto náutico.

La licitación del proyecto, sin embargo, sigue sin fecha definida. La Junta mantiene que se llevará a cabo entre el segundo semestre de 2010 y los primeros seis meses del próximo año, aunque el Ayuntamiento marbellí alberga sus dudas sobre los plazos de adjudicación de una obra que suma ya distintos retrasos. El dibujo de la ampliación, que contempla la creación de 425 nuevos atraques -que se sumarán a los 270 actuales- ha suscitado también un conflicto entre ambas administraciones, dado que no prevé el amarre de embarcaciones que superen los 90 metros de eslora.

El Consistorio considera que el proyecto no cubre las expectativas de la ciudad. A juicio del Ejecutivo local, resulta poco ambicioso, puesto que condena al recinto portuario y, por extensión, al municipio a continuar fuera del circuito turístico de cruceros. «Marbella no puede quedar fuera de una industria pujante en todo el Mediterráneo», sostiene el concejal de Turismo, José Luis Hernández.

Conflicto institucional

El enfrentamiento entre administraciones constituye el principal problema de la acuciante falta de centros educativos en la ciudad. El conflicto surgido durante la época GIL se ha mantenido vivo durante los tres primeros años de mandato del PP. El proceso, convertido en un bucle que se prolonga en el tiempo, incluye la demanda municipal para que la Junta alivie el déficit de colegios existente, la solicitud de la Junta de Andalucía para disponer de suelo, el ofrecimiento de los terrenos por parte del Ayuntamiento y el rechazo del Gobierno autonómico al considerar que no son los adecuados para la construcción de centros escolares. Así sucesivamente.

La entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella debe resolver la disputa institucional, dado que reserva suelo para equipamiento educativo, aunque ello no garantiza la puesta en marcha de actuaciones concretas. De hecho, el proyecto para la construcción del colegio del Albergue África acumula polvo desde hace varios años a pesar de que los terrenos son propiedad de la Junta. La iniciativa permanecerá además bloqueada hasta que no se acometa la edificación de un aparcamiento subterráneo de dos plantas con las que el Gobierno autonómico prevé dotar a las instalaciones escolares.

El centro que debe levantarse en los terrenos del Albergue África acogerá a 675 alumnos de Infantil y Primaria repartidos en casi una treintena de clases. Servirá para descargar la demanda educativa de la zona, aunque no podrá paliar la masificación de los colegios ni el déficit de plazas escolares que padece Marbella. El pasado curso, más de un centenar de alumnos de 3 años tuvieron que ser reubicados en otros centros distintos a los que les correspondían porque la demanda de matrículas superó con creces la oferta de plazas existente en el municipio.

Atasco burocrático

Mientras que las actuaciones educativos se encuentran a la espera de que la Junta de Andalucía mueva ficha, la construcción del primer geriátrico público de la ciudad permanece atascada por cuestiones burocráticas, pendiente de que la empresa adjudicataria corrija los errores del proyecto detectados por el Gobierno autonómico.

Como las obras del soterramiento de San Pedro, esta iniciativa acumula cerca de dos décadas de retraso, desde que Mateo Álvarez Gómez donó el antiguo Trapiche del Prado con la única condición de que se convirtiera en una residencia para personas mayores. El proyecto contempla una inversión de más de 8,3 millones de euros para la construcción de un complejo que ofertará un total de 166 plazas residenciales, el 80 por ciento de ellas concertadas por la Junta. La iniciativa incluye además otras 60 plazas correspondientes al centro de día que albergará el centro.

La empresa concesionaria, Sanyres, había fijado la primavera de 2011 como fecha para la inauguración de las instalaciones. Un calendario que no podrá cumplirse, puesto que el plazo de ejecución de la obra es de 16 meses. Por el momento, el proyecto permanece detenido, dado que la propuesta, a juicio del Gobierno andaluz, no se ajusta a la normativa pública. La residencia del Trapiche cuenta al menos con su primera piedra. Se colocó hace diez meses y, por el momento, también ha sido la última.