Rincón de la Victoria, primer municipio que quiere limitar al máximo el uso turístico de las viviendas
El Ayuntamiento cambia la ordenanza de usos del PGOU para restringir los alquileres vacacionales a las viviendas aisladas o a edificios completos
Las viviendas turísticas siguen en el ojo del huracán. Los hoteleros se mantienen en pie de guerra, reclamando más controles e inspecciones contra esta « ... competencia desleal». El sector, por su parte, se defiende y sostiene que generan «riqueza y empleo». Las administraciones públicas han tomado algunas medidas, como el registro andaluz creado por la Junta hace ahora dos años. En la provincia hay ya 20.883 viviendas turísticas, que suman 109.221 plazas.
Sin embargo, los dirigentes públicos siguen sin ponerle el cascabel al gato, pasándose la pelota sobre quién debe regular un modelo de alojamientos que no deja de crecer y que conlleva evidentes problemas de convivencia entre los vecinos, además de un incremento de los precios de los alquileres de larga temporada.
En comunidades como Cataluña, Canarias o Baleares ya se han empezado a tomar medidas, planteando restricciones a los pisos turísticos en el centro de las ciudades. Esto es lo que ahora pretende hacer, de forma pionera en la provincia, el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria. Aunque la localidad no ha experimentado un boom en este tipo de alojamientos, ya que apenas contabiliza 309 inmuebles, con 1.782 plazas, el equipo de gobierno municipal bipartito, de PP y PA, con el apoyo de Ciudadanos, se ha propuesta regular esta práctica para evitar mayores problemas en el futuro.
Así, dentro de una modificación de su ordenanza sobre las condiciones de uso de los suelos urbanos, el Consistorio ha planteado introducir la limitación de que las viviendas turísticas sólo se permitan en bloques completos o en inmuebles unifamiliares aislados, de forma que se prohibirán en edificios en los que haya otros vecinos, ya sean propietarios o inquilinos de larga temporada, así como en chalets adosados o pareados.
El alcalde rinconero, Francisco Salado (PP), considera que es un fenómeno «que hay que abordar para evitar problemas de convivencia en el futuro». «Los vecinos afectados pueden decir que se les ha engañado cuando compraron la vivienda, que es para un uso residencial y tienen que convivir con un vecino con uso turístico», argumentó el regidor.
«Los vecinos pueden decir que se les ha engañado si tienen al lado un piso turístico»
El primer paso para poner coto a las viviendas turísticas en Rincón de la Victoria salió adelante en el pleno celebrado el pasado 1 de junio, cuando el equipo de gobierno bipartito, de PP y PA, con el apoyo de la edil de Ciudadanos, Elena Aguilar, y del concejal no adscrito, Óscar Campos, sacó adelante un texto en el que plantean los nuevos usos que se establecerán en la ordenanza, junto con el informe de impacto medioambiental previo, un trámite obligatorio sobre el que ahora deberá informar la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
«Si nos dan el visto bueno, que esperamos obtenerlo, empezaremos con una propuesta de usos compatibles o no en el suelo residencial, que abarcará además otros usos, como los sanitarios, educativos, profesionales o deportivos», detalló el regidor rinconero, quien no obstante apuntó que el cambio referido a las viviendas turísticas tendrán que debatirlo con las asociaciones y la oposición, de PSOE, Ahora Rincón-Podemos, IU y el edil no adscrito, Antonio Pérez.
De momento, el paso dado salió adelante con la abstención de los cuatro concejales socialistas y el rechazo del resto de grupos. «Es una propuesta y hay que debatirla. Los usos en el PGOU los fijamos los municipios, son competencia municipal, si quieres un uso distinto al residencial eso lo regula el Ayuntamiento», manifestó Francisco Salado, quien rechazó que su propuesta siga los pasos de lo acordado por los ayuntamientos de Palma de Mallorca, Barcelona o por el gobierno canario.
Por su parte, el viceportavoz del PSOE, Antonio Sánchez, aseguró a SUR que la modificación «plantea muchas dudas, porque la Junta no permite a los ayuntamientos limitar las viviendas turísticas». «Pretenden cambiar el modelo de ciudad, para permitir determinados usos donde ahora no se autorizan, como clínicas en chalets», dijo, al tiempo que anunció que presentarán alegaciones al texto.
Por su parte, desde la Junta declinaron entrar a valorar la medida planteada por el Consistorio rinconero, «ya que es una competencia municipal». No obstante, apuntaron que los técnicos informarán en su momento cuando reciban la propuesta. En cualquier caso, avanzaron que les parece «muy bien que los ayuntamientos regulen, como están haciendo otros consistorios españoles».
En este sentido, apuntaron que la Administración regional ha aprobado un decreto para regular desde el punto de vista turístico el uso de viviendas con este fin «para aportar seguridad jurídica, sacarlas de la clandestinidad y garantizar la calidad de la oferta, así como luchar contra la competencia desleal en los portales».
El equipo de gobierno bipartito sacó adelante el primer trámite con la abstención del PSOE
«Asimismo, el sector de las viviendas turísticas requiere de una normativa estatal básica para regular lo que está dentro de sus competencias, como es el caso de la fiscalidad», agregaron, al tiempo que apuntaron que están «convencidos» de que el nuevo Gobierno central presidido por el socialista Pedro Sánchez «tendrá sensibilidad para regular este sector que en Andalucía ya cuenta con 36.000 viviendas registradas». De esta cantidad, 20.883 están en Málaga, repartidas en 51 de los 103 pueblos, con 109.221 plazas. Marbella con 3.842 viviendas y 22.112 plazas; la capital, con 3.358 inmuebles y 16.736 plazas; y Mijas, con 2.395 viviendas y 16.736 plazas, lideran el 'ranking' de los municipios en los que este fenómeno es más acusado en la provincia. Le siguen Benalmádena, con 2.193 y 10.678, Nerja (1.860 viviendas y 8.766 plazas), Estepona (1.675 y 8.918 plazas), Fuengirola (1.307 viviendas y 6.648 plazas) y Torremolinos (1.145 y 5.025). Estas cifras suponen ya más que las 101.239 plazas que ofrecen los 847 establecimientos hoteleros que hay en la provincia, desde pensiones hasta cinco estrellas gran lujo.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, Carlos Pérez-Lanzac, mostró su «enorme sorpresa» por la medida planteada por el Consistorio rinconero. «Hay resoluciones de la Agencia Andaluza de Defensa de la Competencia de la Junta y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que señalan que este tipo de regulaciones limitan los derechos de los propietarios», argumentó.
Según explicó Pérez-Lanzac, el Consistorio «tendrá que tener unos datos que avalen con rigor y determinación una medida de este calado». «Lo seguiremos de cerca y pediremos las explicaciones oportunas», dijo. «En Palma de Mallorca ya se están notando los efectos, con una bajada de los precios, y la pérdida de negocios para otros sectores como los taxis o la hostelería», advirtió, al tiempo que apuntó: «La prohibición es siempre la opción más radical, la más pobre».
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