La Fiscalía sentará en el banquillo junto a Urdangarin a otras quince personas

Según han desvelado fuentes del caso, en total el fiscal Pedro Horrach pedirá entre 75 y 132 años para todos los encausados, quienes finalmente se enfrentarán a acusaciones de malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración, delito fiscal y blanqueo.

Las acusaciones más graves y las peticiones más altas de cárcel serán para los dos cabecillas del Instituto Nóos. La Fiscalía, tal y como adelantó este periódico el pasado mayo, mantiene intacta su intención de reclamar hasta 17 años de cárcel para Iñaki Urdangarin por malversación, prevaricación, falsedad documental y tres delitos fiscales. Diego Torres se enfrentará a una reclamación de 15 años por los mismos cargos que el duque, aunque un delito fiscal menos. Horrach, no obstante, valora aún si imputarle también uno más de blanqueo.

Matas, siempre según el borrador que maneja Anticorrupción, se movería en una horquilla de cárcel de entre cinco y once años por prevaricación, malversación y fraude a la administración. Entre las peticiones más altas de cárcel se encontrarán también los cuñados de Torres y contables de la trama Marco y Miguel Tejeiro. El primero con una petición de hasta once años y el segundo hasta 17 años. La mujer del exsocio de Urdangarin, imputada en la causa, muy probablemente jamás se siente en el banquillo, porque la Fiscalía al final sopesa seriamente no acusarle delito alguno.

Tres de los imputados, el exdeportista y amigo de los duques de Palma Pepote Ballester y los exresponsables de la administración balear Juan Alia Pino y Miguel Bonet, no pisarán la cárcel con toda seguridad porque sus acusaciones van a ser suavizadas considerablemente al haber colaborado activamente en la investigación. Tampoco se enfrentará a la prisión, aunque Anticorrupción sí quiere sentarla en el banquillo, la exdeportista Mercedes Coghen, exconsejera de Madrid 2016, la sociedad que entregó 120.000 euros a Urdangarin por no realizar trabajo alguno. Horrach valora acusarle exclusivamente de prevaricación, un delito castigado con la inhabilitación, pero no con cárcel.

El listado de futuros procesados del caso Nóos, siempre según el borrador de Anticorrupción, incluye también por la parte de los negocios de la fundación en Baleares al exgerente público Gonzalo Bernal. Y por las adjudicaciones a Urdangarin en Valencia a los exdirectivos de las administraciones de esa comunidad Jorge Velas, Elisa Maldonado, José Manuel Aguilar, Luis Lobón y Ángeles Mallent, además del empresario Miguel Zorío.

Pacto fallido

En el listado de procesados que prepara la Fiscalía el nombre de Iñaki Urdangarin está ligado a las penas más altas y, según Anticorrupción, cada día que pasa se convierte en más difícil llegar a un acuerdo con su defensa para intentar aplicarle algún tipo de atenuante que rebaje la pena. Una petición de cárcel, no obstante, que Horrach en modo alguno está dispuesto a reducir a menos de 5 años, lo que implicaría el ingreso en prisión del yerno del Rey si es condenado.

El último contacto entre los abogados del duque y la Fiscalía en busca de un acuerdo tuvo lugar a finales del año pasado. El entorno de Iñaki Urdangarin ofreció entregar los 6 millones de euros que los dos socios del Instituto Nóos se llevaron en adjudicaciones de los gobiernos valenciano y balear. El marido de la infanta, incluso, se mostró dispuesto a pagar la parte de su exsocio. Pero la defensa del duque propuso dar ese dinero a cambio de considerar a su cliente totalmente inocente de cualquier delito y solo responsable a título lucrativo de esas irregularidades. O sea, la misma figura jurídica que la Fiscalía quiere para la infanta en este sumario y para la que va a reclamar una fianza civil cercana a los 600.000 euros.

El Ministerio Público rechazó de plano la oferta de Urdangarin e insistió en que, sea como fuere, un pacto debe pasar, además de por devolver el dinero, por aceptar una pena de cárcel, aceptar los delitos y mostrar arrepentimiento.

En la situación actual de la causa, a punto de concluir la instrucción, Anticorrupción considera ya muy difícil, por no decir imposible, aplicar atenuantes cualificadas que disminuyan de manera importante las peticiones. Desde luego, pasados dos años de instrucción judicial, las atenuantes por arrepentimiento espontáneo o colaboración con la justicia son casi impensables, explicaron fuentes de la acusación pública. Solo cabría ahora intentar una rebaja por reparación del daño causado, que en cualquier caso nunca rebajaría demasiado la petición.

Y, además, las últimas sentencias de casos de corrupción de la Audiencia Provincial han venido dando la razón a las reclamaciones de la Fiscalía. Ese fue el caso del sumario conocido como Cola Cao, en el que los imputados que colaboraron terminaron condenados a penas cercanas a los cinco años, pero a los responsables autonómicos que se negaron a acuerdos se les impusieron penas de 17.